La SCJN levantó la sesión en la que se discutía la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa (PPO). Hasta el momento, hay tres votos en contra de eliminar esta figura jurídica y dos a favor. Aquí te explicamos de qué se trata este debate tan importante para el país.
¿Qué es la prisión preventiva oficiosa?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza la inconstitucionalidad de la PPO, por ser contraria al derecho humano de presunción de inocencia. Actualmente, esta medida cautelar se aplica de forma automática a personas detenidas por crímenes graves como narcotráfico, huachicol, abuso sexual de menores, desaparición forzada, feminicidio, homicidio, secuestro, portación de armas de uso exclusivo del Ejército mexicano.
Mediante la prisión preventiva oficiosa, los presuntos delincuentes son privados de su libertad y recluidos en prisión hasta que se determine su situación jurídica. En caso de eliminarse, los acusados enfrentarían su proceso judicial en libertad, a menos que un juez dicte prisión preventiva justificada, la cual se determina en los casos donde una persona detenida podría fugarse o seguir causando daño a sus víctimas.
Asimismo, si un delito no amerita la prisión preventiva oficiosa, pero existe temor de que la persona acusada se pudiera sustraer de la acción de la justicia, un agente del Ministerio Público puede solicitar la prisión preventiva justificada.
Liberación de personas detenidas mediante PPO no sería inmediata
Durante la primera jornada de debate sobre el destino de la PPO, únicamente cinco de los 11 ministros expresaron hacia dónde iría su voto: tres en contra (Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Alberto Pérez Dayán) y dos a favor (Luis María Aguilar y Juan Luis González Alcántara). Aguilar Morales, ministro a cargo del proyecto, argumentó que la prisión preventiva oficiosa daña el sistema penal y es contraria a los derechos humanos:
“La prisión preventiva oficiosa, se propone en el proyecto como contraria a los derechos humanos y una medida que presenta múltiples efectos dañinos para el sistema penal y para la sociedad”, aseguró.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha proclamado abiertamente en contra de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, pues asegura que podría causar mayor impunidad y corrupción. Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional del pasado 2 de septiembre, el subsecretario Ricardo Mejía y el vocero Jesús Ramírez aseguraron que, con la eliminación de la prisión preventiva, el sistema de justicia “volvería a la ‘puerta giratoria’” y que incluso “podríamos hablar ahora de una puerta abierta” que liberaría a 92 mil personas acusadas de delitos graves. Sin embargo, un análisis de Intersecta señala que solo el 41.9% de esas más de 90 mil personas en PPO fueron acusadas por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa:
En sitios como la Ciudad de México, la mayoría de los detenidos a los que se aplicó PPO (60%) fueron acusados de delitos menores, como robos o narcomenudeo. El mismo reportaje destacó que la mayoría de los detenidos son hombres y mujeres en una situación económica vulnerable, que apenas cuentan con un abogado de oficio que lleva hasta 300 casos al mismo tiempo.
Animal Político
Además, la liberación de las personas detenidas mediante prisión preventiva oficiosa no sería inmediata, sino que abriría “un debate sobre cuál es la mejor medida cautelar para garantizar que esa persona no se escape o dañe a la víctima”, quienes tendrían que solicitar una audiencia para cambiar de medida cautelar, y firmar cada 15 días o portar un brazalete en lugar de permanecer en prisión, según explicó el abogado Luis Eliud Tapia, en entrevista con Milenio Televisión:
“Van a poder solicitar una audiencia de cambio de medida cautelar, pero eso depende de que tengan abogado, que sea uno con la capacidad de hacerlo, y si no tienen uno particular que el de oficio esté disponible, que haya juez disponible… Aún así, un juez podría decir ‘ya revisé tu caso y digo te quedas en prisión preventiva’ (…) los amparos, no son automáticos y tampoco baratos. Podría costar más de 50 mil pesos”, explicó el abogado.
El día de hoy la #SCJN inicia el debate de uno de los temas más trascendentes para el sistema constitucional y los #DDHH de todas las personas. Lo haremos con independencia y con plena responsabilidad. #PPO
— Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) September 5, 2022
Con información de La Razón, Animal Político y La Silla Rota
