La negociación de Emilio Lozoya con el fiscal general Alejandro Gertz Manero comenzó hace bastante tiempo, antes de que el exdirector de Pemex se fuera de México. Hablaron en la oficina del fiscal con un compromiso previo, acordado a través de altos funcionarios que sirvieron de intermediarios: Gertz Manero no lo detendría en ese momento –aún no había orden de aprehensión–, pero Lozoya tendría que aportar información útil para el caso que estaba construyendo. Gertz Manero lo escuchó 20 minutos y lo interrumpió. Hasta ese momento, le dijo, no le había dicho nada que no supiera. Ochenta y cinco minutos después, el fiscal acabó la plática. Que no le quitara el tiempo, le dijo, y lo despidió.
Gertz Manero presionó a su abogado, Javier Coello Trejo, para que dejara la defensa de Lozoya, y ante la negativa se reactivaron casos penales para obligarlo a ello a través de su familia. No funcionó con él, pero repitió la táctica con Lozoya. Mientras se escondía, inició procesos contra su madre, su hermana y su esposa, a quienes se les giraron órdenes de aprehensión. Lozoya, presionado por su padre, aceptó terminar la negociación truncada con Gertz Manero, pero al llegar a México, siguió sin dar la información prometida.
Gertz Manero se deshizo de Coello Trejo de manera indirecta. El abogado de Lozoya se negó a participar en el montaje que había negociado su padre para que se entregara a cambio del criterio de oportunidad que le permite la ley para cambiar su libertad si declara contra quienes fueron sus jefes. Entre los puntos centrales que había aceptado con la Fiscalía General, fue que denunciaría ante el Ministerio Público al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.
Gertz Manero le quiere transferir la carga de la prueba a Lozoya, y darle una salida al presidente Andrés Manuel López Obrador de enjuiciar a su antecesor a través de la denuncia de un tercero. Él no incumplirá su palabra al no perseguir a Peña Nieto, pero tampoco pagará el costo político de no hacer nada en su contra.
Lozoya no ha cumplido lo pactado, aunque por la parte del gobierno las cosas avanzaron como quedaron. Salió a la libertad condicional directo del hospital donde lo trataban de una anemia, aunque el exdirector de Pemex carga bastantes kilos más de los que tenía en sus mejores épocas.
Hasta ahora, ni pruebas, ni denuncia ante el Ministerio Público, lo que ha generado molestia en la Fiscalía General por la palabra incumplida, y preocupación porque no tienen todavía nada sobre lo que puedan trabajar. Lozoya estaba jugando con Gertz Manero, pero el fiscal ya le reviró. Por petición suya, la policía alemana hizo un cateo la semana pasada en la casa donde viven su esposa y sus hijos en Alemania. Se desconocen las razones y los resultados del cateo, pero sirvió como recordatorio a Lozoya de que tiene que cumplir para que recupere su libertad plena. Tampoco le han quitado las acusaciones a su madre y a su hermana.
La pelota está del lado de Lozoya, por lo que toca a la Fiscalía, pero entrará en otro terreno. En el momento en que empiecen las denuncias y el juez llame a declarar a los imputados, el exdirector de Pemex comenzará a enfrentar a los abogados de los señalados, que irán por su cabeza. Jurídicamente será un momento muy importante, y puede entrar en un terreno de fuerte turbulencia, más allá de probar sus dichos con hechos.
Un alegato posible es la improcedencia del criterio de oportunidad negociado con Gertz Manero, al haberse aplicado sin que mediara la sentencia de un juez. La vida alegre de Lozoya de la que goza, en el entendido que la alternativa era estar encerrado tras las rejas, puede acabarse.
Si esto llegara a suceder y Lozoya se ve desprotegido, ¿cómo podría reaccionar ante la Fiscalía General que estará a punto de despellejarlo por romper el pacto acordado? Una posibilidad, argumentando violación al proceso. Para efectos legales, podría alegar privación de su libertad. Hasta el día de la audiencia el 28 de julio, no se sabía realmente dónde estaba el exdirector de Pemex. Se supone que llegó el 17 de julio y fue directo al hospital, pero no hay registro de ello. Por ocho horas entre su detención y su presentación ante la autoridad judicial, el caso de Florence Cassez provocó un conflicto internacional y descrédito al gobierno de Felipe Calderón. ¿Cómo se vería entonces un caso donde ese proceso tardó 11 días?
La defensa de Lozoya tiene elementos para enjuiciar a quien lo está enjuiciando, mientras se defiende de lo que lo acusen los imputados que señalará ante el Ministerio Público, cuando decida acudir al Ministerio Público a cumplir su parte del compromiso. Este es un escenario crucial para el caso, si al final Lozoya reconoce lo negociado, por lo que el problema se transferirá a quien quizás no lo está viendo de esta manera en estos momentos, el Poder Judicial.
López Obrador, que siempre dice lo que piensa y normalmente anticipa públicamente lo que sucederá, le ha dado toda la credibilidad a Lozoya como el ariete contra un pasado corrupto, y señalado que la gente no debe fijarse en lo que suceda en los tribunales –o sea, la ley no es el referente–, sino erigirse en un jurado popular y sentenciar a los imputados como culpables. La ley es secundaria en su caprichosa racional para erradicar la corrupción.
Las cosas están claras, y la anulación del Poder Judicial que se ve en el horizonte, debería ser motivo de preocupación de la cabeza del mismo, Arturo Zaldívar, un apologista del régimen que debería ver que quieren acabarlo. El apretón a Lozoya, también es a él.
