Los terremotos no causan tanta destrucción y muerte como la corrupción y la impunidad. Eso lo tienen claro los ingenieros y los físicos de la UNAM.
Una cosa es el movimiento de las placas tectónicas, y otra las posibles consecuencias del sismo resultante. Esas consecuencias no son parejas, uniformes ni (en buena medida) impredecibles. Por esto último, la ciencia ha desarrollado modelos que ayudan a mitigar los daños que un temblor puede provocar.
Las lecciones de la ingeniería han hecho de la Ciudad de México una comunidad mejor preparada ante la eventualidad de un terremoto.
Pero ni la ingeniería más avanzada puede incluir en sus fórmulas de daños sísmicos los efectos que tendría un temblor si las normas no se cumplen, si las leyes son basura mojada, si la autoridad prefiere no castigar a quienes, al desacatar ordenamientos, pudieron haber aumentado la capacidad destructiva de las ondas telúricas. Como en el caso del helipuerto en la calle Nuevo León de la Hipódromo Condesa, donde la señora fiscala Ernestina Godoy ha apostado a que ella puede vencer a la ingeniería, al sentido común y a su deber de procurar justicia. Y va requetebién en ese propósito de omisión y negligencia.
El caso no es nuevo y resumo el contexto en forma que no hace justicia al titánico esfuerzo de un puñado de vecinos que lo único que demandan es que el gobierno de la Ciudad de México, que prometió un cambio, se muera en la raya demostrando que está del lado de las víctimas del sismo.
El 19 de septiembre de 2017, en Nuevo León 230 se registraron daños severos. Los vecinos de ese edificio plantearon legalmente un alegato razonable: cuánto de la magnitud de esos destrozos fue porque el inmueble contiguo tenía una sobrecarga indebida e ilegal: un helipuerto, estructura prohibida en el plan parcial de desarrollo de la Hipódromo Condesa, adefesio normativa y estructuralmente hablando que fue oportunamente denunciado… por esos mismos vecinos que luego resultaron dañados.
Desde ese fatídico segundo 19S, los vecinos han padecido un procedimiento legal (es un decir) aberrante.
Ellos han tenido que acudir al menos 12 veces a audiencias, mientras que la PAOT –que debiera fungir como aliada de las víctimas– y el denunciado sólo han acudido en una ocasión.
Hace trece meses relaté parte del caso aquí mismo. En ese entonces estaba por ocurrir una audiencia importante. Hoy la noticia es que a los vecinos les han arrebatado la calidad de víctimas (sí, ellos que fueron los que denunciaron, ya no pueden ver ni su expediente), porque la gente de Ernestina Godoy cree que la PAOT y el Invea, que no han sido en forma alguna actores del juicio, representan a la sociedad (no se rían) y que por tanto las víctimas ya ni audiencia tendrán. Ya ustedes me dirán si la PAOT o el Invea tendrán interés en litigar una cosa en contra de Ricardo Monreal (exjefe delegacional cuando ocurrieron los hechos, y bajo cuyo mandato se permitió no sólo construir el helipuerto, sino desmontarlo sin que se hicieran peritajes independientes: ahogado el niño, destruyeron el pozo).
El juez del control del caso se ha cansado de regañar al ministerio público y otras autoridades por no hacer su chamba. De probarse el delito de daño a propiedad privada tendría que encontrarse cómplices a la delegación morenista y al Invea. Y eso a Ernestina parece no gustarle nada.
Pero más absurdo resulta el argumento con el que se desestimó la denuncia por violación al uso de suelo. Los del MP dijeron que no podrían abrir esa causa pues cuando se construyó el edificio (años sesenta) no existían las leyes que ahora se citan. Así que si te hacen una edificación ilegal en 2017, y te tiembla ese mismo año, olvídate de los avances en ingeniería y leyes, la gente de Ernestina Godoy verá el acta de nacimiento del edificio y dirá: uy, joven, está difícil, porque eran otras leyes. Eso sin contar que el MP se la pasaba de chalán del denunciado, un empresario ligado a Monreal, según comentan los vecinos, al justificarle sus inasistencias.
“Después de 2 años, 12 audiencias, decenas de chicanas y 4 audiencias con Juez de Control, @FiscaliaCDMX resuelve NO ejercicio de acción penal contra gandallas de #HelipuertoCondesa #SismoS19”, publicó el martes Mony de Swaan, uno de los vecinos afectados, en Twitter. “Aquí no pasó nada, no hay víctimas ni violación a uso de suelo, concluye @ErnestinaGodoy_
“Los vecinos están cansados y nos hemos quedado sin abogados”, agregó el exfuncionario de telecomunicaciones y consultor. “Esa es justo la apuesta que hace la @FiscaliaCDMX en colusión con los gandallas: cansar a las víctimas para que terminen abandonando. Seguiremos”.
Ernestina Godoy. La fiscala que no tiembla ante víctimas del 19S.
