Hace un par de días, en una reunión con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), el presidente López Obrador señaló que se buscará una salida al “grave” problema de las pensiones.
Ojalá se tratara de una solución única. La realidad es que el problema es sumamente complejo y tiene una multitud de aristas. Resolverlo requiere de diversas acciones, todas ellas con alto costo financiero y político.
Permítame enumerar algunos de los aspectos fundamentales de esta problemática.
1.- El sistema de las Afore comenzó a operar en julio de 1997. Quienes empezaron a trabajar después de esa fecha, ya no tienen opción a otro esquema de retiro que el del ahorro individual. En el curso del próximo año se estima que alrededor de 12 mil personas habrán logrado cotizar las mil 250 semanas que se requieren para tener derecho a la pensión. El problema es que solo podrían aspirar a una pensión equivalente a algo así como el 30 por ciento de su último sueldo. En los años que siguen, el volumen de retirados bajo el esquema de las Afore aumentará y llegarán a cientos de miles de jubilados que perciban como pensión menos de la tercera parte de su último salario.
2.- Además de la insuficiencia en el esquema de retiro a través de las Afore, hay 56 por ciento de la población ocupada que está en la informalidad, esto significa que no cuenta con ningún esquema de ahorro para el retiro. Cuando el grueso de esta población llegue a la edad de jubilarse, no tendrá ningún recurso que le permita obtener ingresos y estará sujeta a los programas de pensión universal que han sido establecidos por el gobierno federal y por gobiernos estatales. En el caso del gobierno federal, actualmente es de mil 310 pesos mensuales para mayores de 68 años y, por ejemplo, en el caso de la CDMX de mil 320 pesos. Así que a lo que pueden aspirar es a 2 mil 630 pesos mensuales.
3.- Quienes ingresaron al mercado laboral antes de julio de 1997 han podido retirarse y podrán seguirlo haciendo a través del esquema que fijó la Ley del Seguro Social de 1973, que establece que el retiro a los 65 años puede ser equivalente al salario promedio de los últimos cinco años, topado a 25 UMAs. En términos generales ese esquema es más favorable que el de las Afore para el jubilado. Los trabajadores al servicio del Estado también lo hacen en otras condiciones, lo mismo que quienes laboran en empresas productivas del Estado, en entes públicos así como en gobiernos estatales y locales. Para cubrir las pensiones de todos estos grupos, el Estado tendrá que poner este año 965 mil 200 millones de pesos. A partir de 2021 será más de 1 billón de pesos. En los últimos cinco años los pagos por pensiones crecieron 37 por ciento en términos reales. Si se mantuviera ese ritmo, en el último año de la administración de AMLO habría que erogar 1.22 billones de pesos en ese concepto.
Le decía que no hay una solución única a toda esta problemática. Por un lado se requiere incrementar el monto de ahorro obligatorio por parte de los asalariados, pero también será necesario en algún momento incrementar la edad de jubilación, así sea de manera gradual. Pero también va a ser necesario que haya una reforma fiscal que le permita al gobierno tener los ingresos netos necesarios para seguir pagando las pensiones en curso y para pagar en el futuro las pensiones universales a la población que no cuenta con ningún esquema de retiro. Y todo tiene un costo, en dinero y en votos.
