Justo cuando la Secretaría de Energía y la CFE se regordeaban de tener contra la pared a inversionistas privados del sector energético, un coscorrón de 200 millones de dólares les llegó de fuera.
Estamos hablando del laudo que acaba de emitir la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, que pone fin a una controversia de más de dos años por la fallida construcción de la planta Chicoasén II, en Chiapas.
Ni Rocío Nahle, ni Manuel Bartlett, ni mucho menos Andrés Manuel López Obrador se allanarán a la condena y pago, pero sí sentarán un primer procedente de desacato en una corte internacional.
Por los rumbos de Palacio Nacional cayó muy mal la noticia del laudo, sobre todo porque se trata de un proyecto del gobierno de Enrique Peña Nieto que asignó Enrique Ochoa como director de la CFE.
Es un problema heredado, pero los pupilos de Bartlett no debieron desatenderlo porque al no reconocer el pago mandan una pésima señal a los mercados financieros, que pueden cerrar la llave del financiamiento.
En 2015 Caabsa, de Luis y Mauricio Amodío, Omega de Jorge Melgarejo y la china Sinohydro, ganaron la licitación de esa central eléctrica que significaba una inversión de 386.4 millones de dólares.
Chicoasén II sería una planta de 240 megavatios que formaba parte de los programas de ampliación de infraestructura eléctrica del gobierno peñista. Pero los conflictos sociales locales bloquearon el proyecto.
El consorcio demandó a la CFE ante la corte londinense, que a su vez integró un panel de expertos conformado por Gerardo Lozano, Fernando del Castillo y Víctor Ruiz, mismo que analizó el caso dos años.
El expediente implicó decenas de audiencias y nueve peritajes en los que se presentaron argumentos y contraargumentos de las dos partes, mismos que quedaron plasmados en unas siete mil fojas.
Detrás de éste laudo viene otro más que pronto va salir. Es de Pemex Exploración y Producción por 100 millones de dólares más. Data de 2012 y lo heredó el gobierno de Felipe Calderón.
Ya se lo platicaremos.
