Hay temas que por su trascendencia nacional, grado de afectación social o elevado voltaje político despiertan enorme interés en torno a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Históricamente resoluciones como el anatocismo, la despenalización del aborto, los amparos masivos contra la ley del Issste, la guardería ABC, el caso Cassez o las facultades de investigación en Aguas Blancas y Atenco han ganado notoriedad en la vida del Máximo Tribunal en los últimos 25 años.
Sin duda, en lo que va de este sexenio que comenzó hace 17 meses, la decisión más significativa hasta ahora en términos políticos para el actual pleno en el que hay 3 integrantes designados en ternas propuestas por AMLO, será el de la llamada ley Bonilla, cuyo proyecto propone revertir la extensión del mandato en Baja California. Quizá porque permitirá percibir el grado de independencia de nuestro Tribunal Constitucional durante un régimen de partido de Estado versión 4.0 que tiene controladas a las minorías en ambas Cámaras del Congreso y pulverizada a la oposición.
Fernando Franco González Salas, togado reconocido por ser equilibrado y riguroso, circuló el proyecto de su autoría que propone a sus pares declarar inconstitucional la reforma que amplió el gobierno de Jaime Bonilla de 2 a 5 años. En junio de 2019 triunfó en las urnas con una Constitución local que señalaba una duración de 24 meses para su mandato, ahora se resolverá si se anula o no el cambio ad hoc aprobado por la mayoría de Morena en la entidad, hecho que generó indignación y gran notoriedad a nivel nacional.
En un México distinto, con un Presidente que durante sus años de campañas electorales fue uno de los críticos más ácidos sobre el trabajo de los ministros con otras integraciones, la Corte se encuentra en la antesala de una sentencia que será recordada con el pasar de los años y merecerá el calificativo de emblemática por el contexto particular en el que se desarrolla.
Más allá de las consideraciones técnico jurídicas en que se basará su análisis, el pleno no puede sustraerse de la enorme adrenalina que descarga este asunto y los cabildeos políticos para influir en los efectos de la decisión. Representa una inmejorable oportunidad para mostrar autonomía ante un régimen que lo controla todo. Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat tienen un contexto especial sobre el sentido de sus votos, ante la opción de favorecer el proyecto de Franco con mayoría calificada para anular la reforma, por tratarse de Acciones de Inconstitucionalidad.
Este asunto incidirá potencialmente en la credibilidad de la Corte, por eso es inevitable darle una categoría especial. Sólo si el proyecto de Franco se aprueba con al menos 8 de los 11 votos el gobierno de Bonilla concluirá el domingo 31 de octubre de 2021, de lo contrario será hasta 2024.
