Javier Jiménez Espriú renunció a la SCT porque no estuvo de acuerdo en que el Presidente entregara el control de puertos a los militares; sin embargo, el ahora exfuncionario ocupó casi dos años la cartera y no pudo testerear siquiera el nido de corrupción que existe en el sector.
Nuestro país cuenta con 16 Administraciones Portuarias Integrales Federales (API) que tienen a su cargo la administración y operación de igual número de puertos comerciales, y en la mayoría de ellas, por no decir en todas, se han detectado serías irregularidades.
Esa fue la razón por la que AMLO metió mano sin avisarle a su entonces secretario de Comunicaciones, quien tenía la obligación de poner orden y no lo hizo.
Héctor López Gutiérrez, un ingeniero de 83 años de edad, fue el coordinador de Puertos y Marina Mercante durante la gestión de Jiménez Espriú, y los pocos esfuerzos que hizo para acabar con lo corrupción fueron insuficientes.
Él y su jefe se vieron rebasados por la telaraña de intereses y los desfalcos que se provocaron, como los más de 137 millones de pesos faltantes en obras realizadas en los puertos de Veracruz, Mazatlán e Isla del Carmen.
Como es de todos sabido, los puertos de Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz son las principales entradas y salidas de millones de toneladas de mercancía de nuestro país y son también los puentes que, en términos comerciales, no sólo conectan a México con el mundo, sino a muchos países de América Latina.
De ese tamaño es su importancia y, para nuestra desgracia, de ese tamaño son los boquetes que, cual queso gruyer, le provocaron durante años mafias de funcionarios, traficantes de mercancías y capos del narcotráfico.
A partir de investigaciones de diversas autoridades, como la FGR, la UIF, el SAT y la Auditoría Superior, varios de los ahora exdirectores de puertos están en la mira, como Héctor Mora, de Manzanillo; Raúl Correa, de Lázaro Cárdenas; y Miguel Ángel Yánez, de Veracruz.
Desde hace por lo menos cuatro años, varios de los puertos comerciales recibieron observaciones por diversas “irregularidades” y nunca fueron solventadas.
Por ejemplo, en 2018, la Auditoría detectó que faltaban 11 millones 295 mil pesos en la ampliación del Puerto de Vera-cruz, obra que hoy es considerada como un elefante blanco.
En el caso de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, su infraestructura es obsoleta e insuficiente para cubrir la demanda de servicios portuarios.
López Obrador se refirió al tema. Dijo que ya estaban limpiando la corrupción, e incluso reveló que Lázaro Cárdenas se había convertido en un puerto para contrabandear combustibles y nadie decía nada. Esa es la razón por la que desplazó al extitular de la SCT y puso a tapar los hoyos del queso gruyer a las Fuerzas Armadas, a Rosa Icela Rodríguez en la coordinación de Puertos y Marina Mercante, y a Horacio Duarte en la Administración General de Aduanas.
