#Especial: Obrador incumple promesa de probar malos manejos en 109 fideicomisos

El 8 de octubre el presidente dijo que en 10 días “informaba al pueblo” cómo se gastaba el dinero y quiénes se beneficiaban de los fondos, pero han pasado 81 días y nada

Por @JorgedeLuna

“Y lo vamos a probar. Ayer tuve una reunión con los que van hacerse cargo de la evaluación sobre el funcionamiento de loso fideicomisos y acordamos que teniendo ya el diagnóstico: cómo operaba, cómo se gastaba el dinero y quienes se beneficiaban; aquí, vamos a informarle al pueblo”, declaraba el presidente Andrés Manuel López Obrador el 8 de octubre desde el púlpito presidencial.

El habitante de Palacio Nacional prometió que en 10 días “aquí, uno por uno de los 110” daremos el informe, sin embargo, ya pasaron 81 días y el jefe del Ejecutivo ni se acordó que aún tiene pendiente transparentar el porqué extinguió los fondos.

Los dos puntos esenciales del compromiso público del presidente fue: 1) transparentar y 2) cómo se operarán en el futuro.

Prácticamente el 1 de diciembre, en su Segundo Informe de Gobierno, ni los mencionó y en su tabla de los “100 compromisos” tampoco los tomó en cuenta, ni los consignó.

El 4 de octubre, de acuerdo una serie de grupos sociales comenzaron la movilización en defensa de los fideicomisos públicos ante una propuesta del Congreso para eliminar 109 de ellos.

Al respecto, Lorena Ruano, profesora investigadora de la División de Estudios Internacionales del CIDE manifestó que era una mala idea desaparecer estos fondos.

La iniciativa de reforma que se metió en el Congreso fue con el argumento principal para desaparecer los fideicomisos es que son opacos, sin embargo, la investigadora mencionó que la figura de los fideicomisos no es opaca en sí. 

“Al contrario, gracias a una serie de reformas en los últimos años, son mecanismos que permiten vigilar mejor el uso de los recursos porque tienen reglas de operación estrictas y son auditables por la Secretaría de la Función Pública y por la Auditoría Superior de la Federación.

Lorena Ruano. Profesora investigadora de la División de Estudios Internacionales del CIDE.

“Cada uno de estos fideicomisos, tienen un comité técnico encargado de supervisar que los fondos se gasten en lo que estaban previstos. Por obligación de transparencia, los reportes de estos comités son publicado cada tres o seis meses. Así que mucha de la opacidad no tiene que ver con la figura del fideicomiso, sino que depende de qué entidades los operan”, dijo en un texto publicado en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad el 4 de octubre.

Asimismo, Ruano explicó que el proyecto de ley señala que los recursos se concentrarán en la Tesorería de la Federación, sin especificar a qué deben destinarse. “Es un a centralización notable”, afirmó.

Movimientos sociales daban la lucha

El 20 de octubre, manifestantes se reunieron en el Senado de México para protestar contra la desaparición de 109 fideicomisos públicos. Estos recursos solían dar soporte a la ciencia, investigaciones, estímulos al cine, educación, cambio climático, defensores de derechos humanos, periodistas, entre otros proyectos.

Y es que en la Cámara de Diputados ya había sido aprobada la eliminación, por ello se discutía en el Senado la desaparición de estos recursos, que finalmente pasaron al manejo discrecional del presidente de la República y que aún dio a conocer el dictamen técnico que prometió.

En redes sociales ya reclaman al presidente por incumplir su promesa, que a todas luces es un gobierno demagogo.

Son muchos y muy variados. El grueso de los recursos está en el FONDEN —veamos qué pasa en el próximo temblor o huracán—. Los demás fideicomisos, como los de ciencia y tecnología, cine, artes, víctimas y periodistas, tienen relativamente poco dinero por lo que, en ese caso, el interés es más el de restarle autonomía política a esos colectivos, pues estos instrumentos les permiten asegurar recursos para sus actividades multianuales independientemente del ciclo político. Hay otros fondos cuya desaparición preocupa porque están vinculados a tratados internacionales suscritos por México en materia de medio ambiente y cambio climático, vinculados al Acuerdo de París, o los de cooperación con Centroamérica.

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