El gobierno federal y la FGR quieren apropiarse de varios inmuebles localizados en Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México, y buscan basarse en un decreto de nacionalización del Porfiriato para no pagar indemnización.
Pelean propiedades
Actualmente, la Fiscalía General de la República (FGR) construye en Santa Fe el Parque Nacional de la Justicia, que será su nueva sede, y busca incorporar a la federación una franja de alta plusvalía en la zona, “con locales comerciales, gasolineras, pensiones y condominios de más de 20 pisos, la mayoría habitados y altamente cotizados”, también están la Universidad Iberoamericana y el Centro Comercial Santa Fe, según informa el diario Reforma.
Hace dos años, la Policía Federal Ministerial (PFM) de la FGR, comenzó a enviar citatorios como parte de las indagatorias criminales sobre la propiedad de los inmuebles, y se han presentado demandas civiles del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), así como carpetas de investigación de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Para mayo de este año, comenzaron a llamar a los apoderados de otras empresas y particulares.
Los apoderados legales de las inmobiliarias han recibido citatorios de la FEMDO (la cual tiene en curso dos carpetas de investigación) y también se han realizado operativos de aseguramiento. Estos citatorios han llegado los representantes de la Inmobiliaria F4, Jagui Inmuebles, Grupo Empresarial Core, Operadora Aguesu y la sucesión de Juana Reséndiz Vázquez.
“En todos los casos el planteamiento de la Fiscalía ha sido el mismo: los propietarios deben devolver los inmuebles, sin más, porque conforme un acuerdo suscrito el 30 de octubre de 1907 por Olegario Molina Solís, entonces secretario de Fomento, Colonización e Industria de Porfirio Díaz, son propiedad de la Federación. El decreto es previo a la Constitución de 1917, año en que el Presidente Venustiano Carranza reconoció el derecho de propiedad de los ocupantes”, señala Reforma.
Tendrían que expropiar hasta Los Pinos
Vecinos y representantes de propietarios de los inmuebles han externado su preocupación ante la estrategia del gobierno federal para apropiarse de predios e inmuebles de tan alta plusvalía en Santa Fe, bajo el argumento de que se trata de propiedad pública.
“Si nos van a quitar nuestras propiedades con el decreto de 1907, pues tienen que aventarse una expropiación desde Contadero hasta Los Pinos, no pueden ser selectivos con la ley, y quiero ver que se avienten el tiro contra todos esos propietarios, que son miles”, señaló un vecino.
Los títulos de propiedad de los inmuebles que la FGR y el gobierno federal pelean tienen alrededor de 500 años de antigüedad y, según explica el Reforma en su reporte, fueron gestionados en favor de los indígenas por el Obispo Vasco de Quiroga. Posteriormente, el 4 de noviembre de 1907, el secretario de Fomento, Colonización e Industria de Porfirio Díaz, Olegario Molina Solís, publicó en el Diario Oficial de la Federación dos acuerdos para declarar a 2,800 metros cuadrados de Santa Fe como reservas para uso público.
“Sin embargo, tras el triunfo de los constitucionalistas, el 7 de septiembre de 1917 el Presidente Venustiano Carranza publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en el que reconoce a sus ocupantes el derecho de propiedad sobre estos terrenos. Este documento precisa que los predios no poseídos continuarán siendo terrenos nacionales y reservados para el uso público y la repoblación forestal”, detalla Reforma.
Con información de Reforma
