Este jueves el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó la ‘Lista Engel’, una relación de 55 funcionarios del “Triángulo Norte” de Centroamérica a los que Washington señala por actos de corrupción, obstrucción de la justicia o por debilitar la democracia y a los que puede sancionar con restricciones de visas.
“El gobierno de los EE. UU. está publicando una lista, de conformidad con la sección 353 de la Ley de Participación Mejorada del Triángulo Norte de los Estados Unidos, de personas que, a sabiendas, se han involucrado en actos que socavan los procesos o instituciones democráticos, involucrados en una corrupción significativa. La Sección 353 generalmente requiere que las personas enumeradas en este informe no sean elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos”, se puede leer en el comunicado.
Los señalamientos que hacen a las personas incluidas en la lista van desde actos de corrupción y fraude hasta tratar de usar sus influencias para las designaciones de los altos tribunales o del debilitamiento de la democracia en beneficio político propio.
Según el texto del Departamento de Estado, algunos de ellos, además de haber sido incluidos en la lista, están afectados por el programa la Ley Magnitsky, que permite imponer sanciones económicas y migratorias “por estar implicados en actos significativos de corrupción”.
La lista incluye a 14 funcionarios salvadoreños, entre ellos siete colaboradores cercanos del presidente Nayib Bukele, como su ministro de Trabajo, Rolando Castro, su jefa de Gabinete, Carolina Recinos, o su exministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas. En este caso, se les acusa de “facilitar la influencia maliciosa china en las elecciones”, sin especificar más detalles.
A esta lista se suman 20 personas de Guatemala, entre ellos el expresidente Álvaro Colom señalado de corrupción por anomalías en una contratación de transporte público; también está el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Néster Vásquez, y los excandidatos presidenciales Mario Estrada y Alejandro Sinibaldi.
Honduras es el país con más personas en esta lista ya que, de esta nacionalidad aparecen 21 personas, entre ellas el expresidente Porfirio Lobo, acusado de recibir sobornos del grupo del narcotráfico Los Cachiros, y la exprimera dama Rosa Elena Bonilla y más de una docena de diputados.
La Administración de Joe Biden ha vinculado su plan para frenar la migración irregular de Centroamérica a la lucha anticorrupción. “Las acciones que socavan el Estado de derecho y la democracia en Guatemala, Honduras y El Salvador y sus repercusiones en la vida de la gente de estos países contribuyen a la migración irregular y a la desestabilización de sociedades completas”, ha dicho el secretario de Estado Antony Blinken en el comunicado en el que ha hecho pública la lista.
El Congreso ya tiene el listado que se elaboró en cumplimiento de una ley aprobada en diciembre pasado.
“Esta es una primera lista y una herramienta de varias”, ha asegurado el enviado especial de Biden al Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, en una conferencia telefónica en la que justificó la medida porque la corrupción y la impunidad siguen siendo factores importantes que impiden el desarrollo de Centroamérica y expulsan a su población.
Según ha explicado, esta relación de nombres, que debe ser enviada al Congreso al menos una vez al año, puede ser ampliada a lo largo del año. “No excluimos aplicar otras medidas si son pertinentes”, detalló.
