Durante años se ha criticado la figura de adjudicacion directa. Es una de las tres formas que tiene el gobierno para comprar o contratar un servicio, el cual según la ley, solo puede usarse si se cumplen ciertos requisitos.
El Artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público especifíca que esta figura debe utilizarse de manera excepcional y debe estar fundamentada , además de aplicarse con honradez y transparencia.
Sin embargo, en los últimos 10 años la mayoría de los contratos y compras del gobierno se han realizado bajo esta figura, incluido el gobierno actual.
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que en 2019, el 78.49% de los contratos del gobierno fueron por adjudicación directa. Se trató de la cifra más alta desde 2010, cuando se reportaron 86.72%.
Es decir, 3 de cada 4 contratos del gobierno se entregaron por adjudicación directa. Estas cifras, en lugar de mostrar una transformación o cambio, revelan que el gobierno está siguiendo las mismas costumbres de sus antecesores.
¿Qué otras formas tiene el gobierno para comprar/contratar?
Además de la adjudicación, el gobierno puede utilizar otra figura que es invitar a cuando menos tres participantes para contratar al que ofrezca las mejores condiciones.
Uno más es la licitación pública, la Constitución (artículo 134) y las leyes mexicanas señalan que la licitación pública debería ser la regla y los otros dos procedimientos sólo deberían utilizarse de manera excepcional, pero esto no sucede.
Promesas del pasado
En su libro 2018. La salida, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador escribió que «es fundamental que exista acompañamiento y fiscalización ciudadana en las adquisiciones y contratos de obras y de servicios públicos» y, para las compras de gobierno, recomendó varias medidas, entre las que destacan «licitaciones abiertas y la vigilancia de la ciudadanía». La promesa no se ha cumplido.
En su informe del 1º de julio, López Obrador omitió el tema específico de los contratos del gobierno, pero en el Plan Nacional de Desarrollo se establece «prohibir las adjudicaciones directas» como una de las medidas para el combate a la corrupción, así como la eliminación del tráfico del tráfico de influencias, el amiguismo y el compadrazgo.
