Los diputados de Morena presentaron una iniciativa para eliminar 13 de los 14 fideicomisos que actualmente respaldan al Poder Judicial de la Federación, en un esfuerzo por recortar más de 15 mil millones de pesos de su presupuesto. La propuesta, presentada por el diputado Ignacio Mier, busca reintegrar estos fondos y fideicomisos a las finanzas del Estado mexicano, argumentando que México se encuentra en un “momento de refundación institucional” y que el Poder Judicial debe aplicar la austeridad.
¿Austeridad o control?
La propuesta surge en un momento en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido objeto de atención por parte del gobierno federal debido a las supuestas prácticas excesivas en las que incurren sus 11 ministros. Ellos mismos son quienes perciben salarios que superan los 210 mil pesos mensuales.
Además, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha formulado repetidas denuncias desde el Palacio Nacional en contra de la Corte, acusándola de ser costosa, beneficiarse de privilegios y tener una falta de transparencia en sus gastos.
En este contexto, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, ha solicitado un aumento del 4% en el presupuesto para el próximo año, lo que ha generado críticas por parte de diputados y senadores afines al presidente.
¿Cuáles son los fideicomisos en la mira?
Los fideicomisos en cuestión han sido utilizados para diversos fines, incluyendo el apoyo a ministros y sus familias en aspectos como medicamentos, lentes, contratación de personal y beneficios por antigüedad. Además, algunos de estos fideicomisos resguardan recursos para el pago de pensiones y otras prestaciones laborales que conforman derechos adquiridos. A continuación los detallamos:
- Apoyo para medicamentos, en el que se incluye al ministro/a y a su cónyuge, que es de 188 mil 99 pesos cada año
- Apoyo de lentes, que contempla a los ministros, sus cónyuges e hijos, que es de 3 mil 100 pesos anuales para cada uno de los integrantes de la familia
- Recursos para contratación de personal en la oficina de cada ministro, que contempla el otorgamiento de 5 millones 540 mil 930.32 pesos mensuales
- Un estímulo por antigüedad de mil pesos mensuales
- Un pago de defunción, por un millón 189 mil 615.08 pesos
- 30 mil pesos de ayuda de gastos funerales
- Seguro de vida por 12 millones de pesos
- Seguro de gastos médicos por 30 millones de pesos, entre otros
Un recorte del 71%
La iniciativa propone conservar únicamente el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, que cuenta con 6 mil 104 millones de pesos, mientras que los 15 mil 425.9 millones de pesos restantes en los otros 13 fideicomisos deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.
Los fideicomisos afectados se distribuyen de la siguiente manera:
- Seis corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un monto de 6 mil 241.9 millones de pesos
- Seis más son del Consejo de la Judicatura, con 15 mil 281 millones
- Dos le corresponden al Tribunal Electoral, en los que tiene 15 millones 941 mil pesos
En una conferencia de prensa, Ignacio Mier indicó que no se descarta la posibilidad de realizar recortes adicionales al presupuesto de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral para 2024, aunque se aseguró de que cualquier revisión esté orientada a garantizar el derecho a la justicia.
La iniciativa ya ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y fue remitida a la Comisión de Presupuesto para su análisis y discusión.
Los gastos del poder judicial
En medio de un clima de austeridad fiscal promovido por el gobierno en turno, estos gastos han generado críticas y debates en el ámbito político y público.
Uno de los aspectos que ha llamado la atención es el gasto destinado a la lavandería, que asciende a más de 30 millones de pesos. Además, se destinan aproximadamente 17 millones de pesos anuales para la alimentación del personal interno de la Corte, una cifra que ha ido en constante aumento en los últimos años.
En cuanto a los traslados nacionales, la SCJN reporta un gasto de más de 10 millones de pesos desde 2018 hasta 2023. El servicio de telefonía celular también representa un costo anual para los mexicanos de más de un millón 500 mil pesos.
Un informe de mayo pasado reveló que la SCJN desembolsa mensualmente más de cinco millones 728 mil 460 pesos por concepto de pago de pensiones a 20 ministros jubilados.
Ministros, con prestaciones superiores a las de la Ley
Los ministros de la SCJN gozan de prestaciones superiores a la ley y salarios que están fuera del alcance de la mayoría de la población, e incluso de otros servidores públicos.
Entre las prestaciones que han generado controversia se incluyen primas vacacionales que superan los 95 mil pesos y un fondo destinado a comidas en restaurantes que asciende a 723 mil 690 pesos al año, según el Manual de Remuneraciones del Poder Judicial Federal (PJF).
¿Cómo afectaría el recorte del poder judicial a la ciudadanía?
Aunque los aliados de Morena utilizan como principal argumento para el recorte presupuestal la austeridad repúblicana, criíticos y analistas aseguran que este recorte podría traer a la politica mexica, la impartición de justicia y por supuesto, para la sociedad graves consecuencias.
Una de las principales preocupaciones es el posible impacto en el acceso a la justicia y en los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Si bien la iniciativa establece que los actos de extinción de estos fideicomisos deberán respetar los compromisos contractuales y derechos adquiridos, la incertidumbre persiste en torno a cómo se garantizará la continuidad de las prestaciones para los ministros y empleados judiciales.
Además, un recorte presupuestal podría impactar negativamente en la protección de los derechos humanos. Los órganos de impartición de justicia son responsables de garantizar que se respetan y protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Por si fuera poco, menos recursos podrían dificultar la capacidad de investigar y procesar casos de corrupción y crímenes graves. Esto podría tener un impacto negativo en la lucha contra la impunidad y la percepción de que la justicia no se aplica de manera equitativa.
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Con información de Reporte Índigo y El Universal.
