La lucha por la verdad y la justicia; las desapariciones en México
México vivió un momento trascendental en 2019, cuando la alternancia política prometió renovar el compromiso gubernamental con las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, quienes habían sido relegadas al olvido. Como parte de este cambio, un nuevo decreto presidencial emergió, ordenando la transferencia de archivos relacionados con abusos cometidos contra movimientos políticos y sociales en el pasado desde la administración pública federal al Archivo General de la Nación (AGN).
No obstante, la historia de la apertura de estos archivos tenía capítulos adicionales. En un artículo publicado en el blog “A dónde van los desaparecidos”, César Contreras León, abogado y defensor de los derechos humanos con experiencia en la asistencia a familiares de personas desaparecidas, destaca otro decreto presidencial emitido en octubre de 2021. Éste dio vida a una Comisión de la Verdad dedicada a investigar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990.
La Comisión se estructura en varios mecanismos, incluido uno encargado del esclarecimiento histórico, bajo la supervisión de expertos independientes. Este Mecanismo de Esclarecimiento Histórico tiene la responsabilidad crucial de acceder a instalaciones militares y archivos para desentrañar la verdad. Sin embargo, la revisión de documentos realizada por este mecanismo desveló temores de la sociedad civil que habían persistido durante décadas: archivos que faltaban, se habían sustraído o nunca se habían transferido cuando debían haberlo hecho.
La batalla por los archivos
La lucha por la verdad y la justicia en México ha sido una constante batalla por acceder a estos archivos. No se trata solo de un deseo caprichoso; se ha demostrado su valor inestimable. Pruebas como la existencia de la Brigada Blanca, una organización que operó en las sombras y cometió abusos inenarrables, se han obtenido gracias a la apertura de estos archivos. En el pasado, la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad” en Tlatlaya y la búsqueda de los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa revelaron la importancia de estos documentos.
“Esta lucha es, en última instancia, la búsqueda incansable de la verdad y la justicia, una búsqueda que ha sido liderada por las voces de los vencidos”.
César Contreras León
En su artículo, el abogado destaca que el incumplimiento de las instrucciones presidenciales no debe considerarse a la ligera, especialmente cuando proviene de instituciones que operan bajo fuertes estructuras jerárquicas y disciplinas establecidas. Esto va más allá de la casualidad o el error; sugiere una debilidad en el Estado de Derecho y en la democracia.
Alicia y su búsqueda implacable
El 22 de junio de 2022, Alicia de los Ríos, quien ha buscado pistas sobre su madre desaparecida durante 45 años, ingresó al Campo Militar No. 1. Esta entrada marcó una ceremonia sin precedentes, un paso hacia la apertura de archivos e instalaciones militares para investigar violaciones a los derechos humanos. En presencia del Presidente de la República, el Secretario de la Defensa Nacional y otras autoridades, Alicia pronunció palabras conmovedoras: “Hoy llegamos cargando a cuestas la dignidad de nuestros muertos y nuestras desaparecidas”.
La apertura de archivos se ha convertido en un acto simbólico de resistencia y una búsqueda implacable de justicia en un México que ha enfrentado décadas de violaciones a los derechos humanos.
Los distintos nombres de la violencia del Estado
César Contreras de León nos recuerda que a lo largo de los años, la agencia de inteligencia del Estado mexicano ha cambiado de nombre en varias ocasiones, desde Dirección Federal de Seguridad (DFS) hasta Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La DFS desempeñó un papel fundamental en la violencia de Estado de las décadas de los años 60, 70 y 80. Trabajando codo a codo con el Ejército, la DFS coordinó la Brigada Blanca, una máquina represiva contra movimientos políticos y sociales.
La apertura de estos archivos arroja luz sobre un oscuro pasado de abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos por estas agencias gubernamentales. Documentos como el “Plan de Operaciones No. 1: Rastreo” de 1976, que detalla objetivos, armamento y nombres de los altos mandos involucrados, proporcionan pruebas irrefutables de la existencia de la Brigada Blanca.
En el siglo XXI, la demanda de apertura de archivos se intensificó, lo que llevó al presidente Vicente Fox a emitir un acuerdo que instruía al CISEN a enviar la documentación de la DFS al Archivo General de la Nación (AGN). Sin embargo, lo que sucedió a continuación planteó preocupaciones fundamentales. A pesar de la transferencia de un acervo de la DFS, el personal del CISEN siguió custodiando los archivos transferidos.
Esta situación plantea interrogantes sobre la integridad y la disposición de estas instituciones para abrir sus archivos y permitir una revisión imparcial. A pesar de las oposiciones, las voces de las víctimas han prevalecido, demostrando que la búsqueda de la verdad y la justicia nunca se detendrá. Las exigencias de Alicia y otros familiares de víctimas que han luchado durante décadas por la verdad y la justicia se centran en la transferencia inminente de los archivos faltantes. La revelación de los oscuros episodios de abuso en la historia de México es crucial para garantizar que tales atrocidades no vuelvan a repetirse.
“La memoria es un faro en tiempos turbulentos, y los archivos desempeñan un papel vital en el desmantelamiento de las artimañas de aquellos que buscan borrarla. La verdad, incluso cuando está sumergida, siempre encuentra una manera de emerger y se convierte en la antorcha que guía a la justicia y a la historia”.
César Contreras de León
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