Las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Coyoacán, junto con el gobierno capitalino, admitieron actos de “limpieza social”.
Autoridades de las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Coyoacán así como del gobierno de la CDMX, reconocieron la implementación de políticas de “limpieza social” por considerar que las personas en situación de calle pueden representar focos de inseguridad o insalubridad.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la recomendación 15/2018 por retiros forzados de 76 personas en situación de calle entre los años 2012 y 2017, ante la cual los gobiernos mencionados se comprometieron a adoptar medidas de no repetición, evitar abusos de autoridad en contra de quienes viven o transitan por la capital del país.
Nashieli Ramírez, presidenta de la CNDH, espera que estos hechos no se repitan. Respecto a las víctimas pasadas, no han podido aplicarse medidas de restitución por el desconocimiento del paradero.
Con el reconocimiento de responsabilidad, se da un primer paso para consolidar el tránsito de la mirada tradicional de asistencia social hacia un enfoque de garantía de derechos, que les permite ejercer su derecho a participar en los asuntos públicos que les afecte. La ciudadanía más invisibilizada y más despojada de personalidad jurídica y social: la población en situación de calle.”
La recomendación finca responsabilidad a las secretarías de Bienestar Social (antes Desarrollo Social), de Gobierno y a las alcaldías por nueve casos. Cinco de retiros forzados y destrucción de pertenencias, dos de detenciones arbitrarias y dos de agresiones.
La recomendación evidenció que estas acciones para “recuperar los espacios públicos”, llevó a que servidores públicos omitieron respetar la dignidad de este sector.
Almudena Rojo, secretaria de Inclusión y Bienestar Social, informó que hoy se cuenta con un nuevo protocolo interinstitucional de atención integral así como un modelo específico de inclusión de las cuatro A: acercamiento, atención, activación y acompañamiento.
El espacio público es un espacio de convivencia, de diálogo, de derechos de todos los ciudadanos, y estamos en contra de acciones violentas para el retiro forzado de esta población.”
Efraín Morales, subsecretario de Gobierno
Los representantes de las alcaldías implicadas rechazaron cualquier acto de discriminación, exclusión, violación de derechos y criminalización de quienes viven en situación de calle.
Con información de La Jornada.
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