Los legisladores de la Ciudad de México acordaron extender de 12 a 20 semanas la interrupción legal de un embarazo que sea consecuencia de violación sexual.
El Congreso de la capital aprobó con 45 votos a favor y 12 en contra, el dictamen de la nueva Ley de Salud de la Ciudad de México, que contiene una nueva norma donde se establece que la interrupción del embarazo en caso de violación pasará de 12 a 20 semanas, es decir, los cinco meses de gestación.
De acuerdo con la NOM-046-SSA2-2005, las mujeres que hayan sido víctimas de violencia sexual y estén embarazadas como producto del abuso, tendrán hasta los cinco meses para interrumpir legalmente su embarazo y deberán ser atendidas por los médicos en los Centro de Salud, aunque no hayan denunciado la violación ante las autoridades.
Séptimo. La Interrupción Voluntaria del Embarazo es aquella que podrán realizar los integrantes del Sistema de Salud de la Ciudad de México, hasta la vigésima semana completa de gestación, como consecuencia de una violación sexual, sin que la usuaria lo haya denunciado ante las autoridades competentes, en términos de lo previsto en la NOM-046-SSA2-2005″.
De acuerdo con el artículo 6 de la nueva Ley General de Salud, la interrupción legal del embarazo es el “procedimiento médico que se realiza a solicitud de la mujer embarazada hasta la décima segunda semana completa de gestación, como parte de una atención integral basada en el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida reproductiva en condiciones de atención médica segura”.
La ley establece que las instituciones públicas de salud deben llevar a cabo la interrupción de forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos permitidos en el Código Penal vigente en la ciudad y en la NOM-046- SSA2-2005, cuando la mujer interesada así lo solicite”. Además, brindarán servicios de consejería médica y social con información para que las mujeres conozcan los pormenores sobre su derecho a decidir.
En el caso de los embarazos que son producto de violencia sexual, se establece lo siguiente “el procedimiento médico que a solicitud de la mujer embarazada realizan los integrantes del Sistema de Salud de la Ciudad de México hasta la vigésima semana completa de gestación, como consecuencia de una violación sexual”.
Con información de El Universal
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