La empresa que llevará a cabo la certificación de seguridad del Tren Maya ha sido cuestionada por no tener la capacidad o la experiencia para llevar a cabo dicho proceso.
El diario 24 Horas dio a conocer que los corporativos SGS de México y Ardanuy Ingeniería fueron los ganadores del contrato de 161.1 millones de pesos para llevar a cabo la evaluación independiente de seguridad del Tren Maya. El contrato está vigente desde febrero de 2021 y concluirá en diciembre de 2023, fecha en que el Tren Maya ya estaría en su primera fase de operaciones.
Sin embargo, estos han sido señalados por la incapacidad para brindar el servicio, según impugnación de la filial nacional de la empresa alemana TÜV Rheinland, la cual se especializa en la evaluación de sistemas ferroviarios. Según TÜV Rheinland, existieron anomalías en el proceso de contratación, ya que Fonatur asignó el contrato a SGS de México a pesar de que sus precios eran más elevado, además de que no cuenta con la capacidad ni la experiencia necesarias para cumplir con dicha labor.
Para cumplir con las tareas asignadas en la contratación, SGS de México y Ardanuy Ingeniería deberán comprobar el nivel de seguridad del Tren Maya durante la etapa de pruebas. Asimismo, tendrán que elaborar y entregar informes sobre la operación de sistemas y subsistemas del proyecto ferroviario y también sobre la mitigación de riesgos. Entre los cuestionamientos sobre su capacidad para lograrlo de forma eficiente, está el que SGS de México evalúa productos muy distintos a lo que sería un proyecto como el Tren Maya, ya que trabaja con alimentos, productos de cuidado personal, dispositivos médicos, electrónicos, juguetes, muebles herramientas, artículos deportivos, cosméticos, entre otros.
Pese a la impugnación de TÜV Rheinland, el contrato con SGS de México y Ardanuy Ingeniería continúa vigente, por lo que están encargados de otorgar al Tren Maya la certificación ISA, al evaluar de manera independiente si cumple o no con los requisitos para lograr transportar a los futuros pasajeros de una forma segura. Los cuestionamientos sobre la eficiencia de esta certificación se suman a la falta de permisos ambientales y a los amparos para frenar la construcción del Tramo 5 del megaproyecto del presidente López Obrador.
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