Un informe reveló que países latinoamericanos como México tienen un bajo índice de combate a la corrupción y cuestiona las decisiones de AMLO en la materia.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha presumido que en los más de tres años que lleva en el puesto, el combate a la corrupción y a la impunidad es una prioridad en su administración, un informe elaborado por el Consejo de las Américas junto con Control Risks, el cual evalúa a 15 países de América Latina a partir de la capacidad que tengan para combatir y prevenir la corrupción, ha puesto a México entre los cuatro países con mayor corrupción en la región.
El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) ha revelado que desde 2019 México registra una trayectoria descendente en la lucha contra la corrupción, ya que este 2022 pasó del puesto número 11 al 12, y solo supera a países como Bolivia, Venezuela y Guatemala.
Asimismo, el reporte pone en duda las palabras del mandatario, quien ha cuestionado a instituciones públicas independientes como el Instituto Nacional Electoral (INE) y al Poder Judicial. También alerta sobre los planes del presidente de suprimir a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, “lo cual afectaría los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción”.
Además, según información del documento, los organismos de anticorrupción en México se han utilizado para que se obtengan beneficios personales o tienen nombramientos de movimientos políticos.
El reporte indica que varios países de la región han presentado un avance en el conflicto contra la corrupción, al contrario de algunos como Brasil y México, que han sufrido grandes atrasos en instituciones clave:
“Muchos gobiernos de la región han relegado las reformas anticorrupción como una prioridad menor. En consecuencia, muchos de los poderes judiciales y organismos anticorrupción de la región han tenido dificultades en comparación con lo ocurrido a mediados de la década de 2010, cuando el movimiento anticorrupción gozaba de mayor apoyo popular y atención gubernamental”.
Alejandra Soto, de Control Risks, empresa que se especializa en riesgos globales y que participó en la elaboración del índice, explicó que:
“Hay este discurso anticorrupción (de López Obrador) que es positivo. El problema es cuando este discurso no se traduce en las herramientas, los mecanismos y en el presupuesto para combatir la corrupción (…) Este discurso cotidiano en contra de los otros poderes, y a favor de la agenda presidencial, sin debate alguno, se traduce en un desgaste de contrapesos democráticos”.
Con información de El Independiente
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