¿De verdad se acabó la corrupción con la llegada del López Obrador al poder? Aunque el presidente afirma una y otra vez que no hay funcionarios corruptos en su gobierno y estos actos son inadmisibles en su administración, los escándalos no han parado. Aquí te presentamos la lista de personajes ligados a la 4T acusados de cometer actos de corrupción.
Cuando se habla de corrupción en este gobierno, invariablemente saltan los nombres de personajes como Delfina Gómez, Santiago Nieto, Manuel Bartlett, Irma Eréndira Sandoval, entre muchos otros. Sin importar lo que diga el presidente ni cuántas veces los respalde públicamente, las pruebas que se han presentado en cada caso demuestran que todos tienen mucha “cola que les pisen”.
Cabe recordar que en la 4T no solo hay funcionarios señalados de actos de corrupción, sino que cada vez son más las denuncias, investigaciones y pruebas que demuestran cómo viven y actúan los parientes del presidente. Tal es el caso de Pío López Obrador recibiendo dinero para financiar su campaña, de los polémicos contratos otorgados a su prima Felipa Obrador y del escándalo por el lujoso estilo de vida de su hijo José Ramón López Obrador en Estados Unidos.
El pasado 14 de enero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la multa impuesta a Morena por 4.52 millones de pesos por la retención de salarios ordenada por Delfina Gómez, actual secretaria de Educación Pública, mientras era presidenta municipal de Texcoco entre 2014 y 2015. Aunque Morena la existencia de pruebas sobre el cobro de diezmos por parte del gobierno de Gómez, los trabajadores de Texcoco pudieron comprobar que estos fueron retenidos por militantes del partido.
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, fue acusado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por enriquecimiento ilícito, ya que con un sueldo neto de 107,258 pesos mensuales logró obtener en solamente 25 meses, cuatro propiedades y un auto que en total están valuados en 40 millones. En su caso, destaca la obtención de un supercrédito de Banco Azteca, el cual utilizó para pagar su nueva casa (de 699 metros cuadrados de terreno y 519 de construcción), la cual tiene un valor de 28.5 millones de pesos y no 24 millones, como el propio Nieto había señalado anteriormente: 19% más de lo que el funcionario había hecho público.
En 2019, Carlos Loret de Mola informó que el director de la CFE tiene una fortuna 16 veces mayor a la que reportó a la Secretaría de la Función Pública (SFP): una fortuna equivalente a 51 millones de pesos de ingresos anuales. Según la investigación, en su imperio están involucrados sus familiares y presuntos prestanombres dueños de 12 empresas y 25 propiedades, con un valor superior a 800 millones de pesos. Aun así, la Secretaría de la Función Pública consideró que el expriista no tenía obligación alguna de declarar la existencia de dichas propiedades y empresas, ya que están vinculadas a su pareja y sus hijos.
El canciller Marcelo Ebrard siempre se mantendrá en las sombras de la duda por toda la corrupción que envolvió a la construcción de la Línea Dorada del Metro. Esta obra, que la administración se apuró a concluir pese a todo, se presupuestó inicialmente en 17 mil millones de pesos y su costo final fue de 47 mil millones de pesos, un sobrecosto autorizado por Mario Delgado, quien en ese entonces era secretario de Finanzas de la capital. Tal fue el escándalo por las deficiencias en la construcción de la obra que Ebrard huyó varios años de México y para autoexiliarse en Francia.
Tantos problemas tuvo la Línea 12 desde el inicio, que estos derivaron en una gran tragedia: el colapso de 2021 que causó la lamentable muerte de 25 personas. A pesar de todo, y con el cobijo del presidente, en todas las indagatarias, el secretario de Relaciones Exteriores ha resultado libre de culpas y ahora se señala como principal responsable a la empresa encargada de colocar los pernos en el tramo colapsado.
Con su lealtad premiada con la gubernatura de Chihuahua, la exalcaldesa de Álvaro Obregón ha sido acusada de actos de corrupción desde hace varios años. Como alcaldesa, fue señalada por gastar 81.73 millones en unas escaleras eléctricas para la calle Laderas, monto que representa un costo de 1.4 millones pesos por metro de unas escaleras muy poco funcionales, ya que, de acuerdo con Reporte Índigo, “los 58 metros lineales que mide el sistema de desplazamiento únicamente pasan por seis casas y no conectan ninguna colonia con otra”.
Además, tiene una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lavado de dinero por otorgar contratos de la alcaldía por 33 millones de pesos en contratos a empresas fantasma. Además, no hay que olvidar que Sansores también fue acusada por facturar productos y artículos personales por más de 700 mil pesos al Senado de la República durante 2016 y 2017. Entre las cosas que compró había tinte para cabello, desodorantes, pasta de dientes y despensa.
La extitular de la SFP adquirió cinco propiedades en solo nueve años. Aunque alegaron que estas se compraron o heredaron en conjunto con su esposo (y acérrimo defensor de la 4T) John M. Ackerman, despertaron muchas dudas por tener tantos bienes inmuebles siendo académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y además tener la capacidad económica para pagarlas de contado. Se trata de departamentos y casas ubicadas en zonas de alta plusvalía de la Ciudad de México y en el municipio de Tepoztlán, Morelos, cuyo costo total es de más de 60 millones de pesos: una cifra cinco veces mayor a lo que la funcionaria había reportado en sus bienes inmuebles al inicio de la administración “cuatrotera”.
A Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte (Conade), la SFP le detectó desde 2019 múltiples irregularidades relacionadas con el manejo de recursos del extinto Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) por más 100 millones de pesos. Además, fue señalada por la presunta usurpación de funciones de personas que se habrían ostentado como servidores públicos sin serlo y por el probable conflicto de intereses entre servidores públicos de la Conade y dos empresas beneficiadas en forma indebida con recursos del Fodepar. Entre el 1 de julio y el 27 de septiembre de 2019.
Ahora, con la Cuenta Pública de 2020, la exvelocista debe explicar a la Auditoría Superior de la Federación dónde quedaron 377.1 millones de pesos que están vinculados a manejos irregularidades de los recursos públicos como Se adjudicaciones directas en la contratación de bienes y servicios sin motivar ni justificar la excepción al procedimiento de licitación pública, la falta de documentos y la falta de acreditación de la prestación de los bienes y servicios pagados a diversos proveedores.
En noviembre del año pasado, fue ejecutado en San Pedro Garza García, Nuevo León, el empresario tamaulipeco Sergio Carmona Angulo, vinculado al partido del presidente. Carmona está relacionado con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y también fue conocido por financiar las campañas de políticos panistas en Tamaulipas. Además, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tamaulipeca los investigaba a él y a su hermano César por contrabando de hidrocarburos y extorsión a transportistas en la frontera con Estados Unidos.
Carmona era dueño de Grupo Industrial Permart, Grupo Industrial Joser y Consultoría Reymar y se dio a conocer su cercanía cercano Eduardo Gattas, alcalde de Ciudad Victoria, así como y al diputado federal Erasmo González Robledo, ambos de Morena incluso se le vincula con Carmen Lilia Canturosas Villarreal, alcaldesa de Nuevo Laredo, Olga Patricia Sosa Ruiz y el senador Américo Villarreal Anaya, quienes buscaban postularse por Morena a la gubernatura de Tamaulipas.
En septiembre de 2021, el diario Reforma dio a conocer este miércoles que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) vinculan a Cuauhtémoc Blanco y a su familia con una red de lavado de dinero, a través de la triangulación de cuentas bancarias millonarias. Desde junio del año pasado se había informado que ambas instituciones habían encontrado este tipo de irregularidades relacionadas con el actual gobernador de Morelos.
Según la investigación, tanto el exfutbolista, comosu medio hermano, Ulises Bravo; su primo y secretario particular, Edgar Riou Pérez, y su representante legal y amigo, Jaime Tamayo Godínez, fueron denunciados ante la FGR y tienen un expediente abierto en su contra por formar parte de una red de lavado de dinero.
El dueño de Grupo Vidanta es uno de los empresarios favoritos del presidente y actualmente está envuelto de primera mano en los escándalos relacionados con la vida de su hijo José Ramón en Estados Unidos. Aunque López Obrador ha negado cualquier relación de negocios de su gobierno con Daniel Chávez Morán, a quien solo reconoce como “supervisor honorífico” del Tren Maya, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el periódico Reforma dio a conocer que entre 2019 y 2020, Grupo Vidanta recibió una ampliación por 15 años en tres concesiones para ocupar playas en Nayarit, Jalisco y Guerrero. Aunado a ello, el periodista Mario Maldonado, en su columna “El beso del diablo de AMLO a Daniel Chávez”, publicada el martes 15 de febrero en El Universal, informó que Grupo Vidanta tiene un contrato para el Aeropuerto Internacional del Mar de Cortés.
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