Roberto Salcedo, secretario de la Función Pública, informó que se han acumulado 38 denuncias por actos de corrupción en la administración de Segalmex, Diconsa y Liconsa.
El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, informó que actualmente existen 38 denuncias por presuntas irregularidades y posibles daños patrimoniales a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa y Liconsa, las cuales fueron presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía General de la República (FGR), las cuales hasta el momento se encuentran en etapa de investigación para una posible judicialización posterior.
El funcionario explicó que se indaga el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, y que las carpetas de investigación se han integrado bajo la óptica de delincuencia organizada. Además, señaló que la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) llevaron a cabo más de 100 auditorías entre 2019 y 2021, mediante las cuales se encontraron 84 actos de fiscalización de la SFP con montos observados por 6.52 mil millones de pesos, así como 22 pliegos de observaciones de la ASF por 3.46 mil millones de pesos.
“La Secretaría de la Función Pública practicó 84 actos de fiscalización desde la creación de Segalmex en 2019 y hasta el cierre de 2021 que incluyeron auditorias, visitas, verificaciones con montos observados por 6 mil millones de pesos”, detalló.
El secretario informó que ya hay un servidor público vinculado a proceso, cuyo nombre no hizo público por el respeto al debido proceso, quien realizó inversiones por 950 millones de pesos en instrumentos financieros de alto riesgo con presupuesto de Segalmex, sin respeto a la normativa vigente. Indicó que dichos recursos ya fueron recuperados en su totalidad y se encuentran en proceso de reintegración.
“Los montos observados por ambas instituciones suman más de 9 mil 500 millones. Es importante aclarar que cuando se habla en fiscalización de montos observados debe entenderse como lo que no está perfeccionado en el expediente o en el debido proceso normativo. Lo observado no es necesariamente de daño patrimonial sino de aclaraciones y por eso estos montos se encuentran en proceso de aclaración, documentación y en su caso de recuperación”, dijo.
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