En un nuevo capítulo de la política mexicana, una revelación contundente ha sacudido al Gobierno de la Ciudad de México, dirigido por Claudia Sheinbaum. La administración que encabezó Sheinbaum enfrenta serias acusaciones relacionadas con la adquisición de fentanilo y otros materiales médicos de una empresa vinculada al político de Morena, Carlos Lomelí, quien previamente estuvo bajo la lupa de investigaciones de la DEA.
El reportaje titulado “Absuelta por Sheinbaum: Gobierno de la CDMX quitó castigo a empresa ligada a políticos de Morena,” presentado por Mario Gutiérrez Vega en Latinus, pone al descubierto cómo el gobierno capitalino, en contra de su inhabilitación por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y su conexión con Lomelí, realizó compras a la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud).
El reportaje resalta que, a pesar de que la Secretaría de la Función Pública había inhabilitado a Abisalud por presentar documentos falsos en un proceso de licitación, el Gobierno de la Ciudad de México que entonces encabezada la “corcholata” Sheinbaum firmó 16 contratos con la compañía para la adquisición de medicamentos como fentanilo e ivermectina, así como materiales médicos. Carlos Lomelí, conocido por su papel como superdelegado federal en Jalisco al inicio del sexenio, ha estado en la mira debido a sus relaciones con empresas farmacéuticas y a investigaciones previas por parte de la DEA.
El periodista subraya que Abisalud logró evadir su sanción gracias a amparos aceptados por el gobierno capitalino, permitiéndole continuar sus operaciones. Además, la denuncia destaca que Abisalud mintió en los contratos con la Secretaría de Salud capitalina al afirmar que no tenía sanciones ni impedimentos para vender sus productos al gobierno.
Las compras realizadas por la Secretaría de Salud capitalina incluyeron material de curación, tubos hospitalarios, cánulas, bisturís, antisépticos y dosis de medicamentos, entre ellos 60 mil ampolletas de fentanilo inyectable y 13 mil 255 envases de ivermectina. Estos productos fueron utilizados en la respuesta a la pandemia de COVID-19, así como en un estudio que no fue informado a los participantes.
La polémica adquiere un nuevo nivel de complejidad al considerar que el emporio farmacéutico de Lomelí ha estado bajo el escrutinio de la DEA y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Una de las empresas vinculadas a Lomelí, Lomedic, incluso fue registrada en una lista de compañías relacionadas con el narcotráfico, lo que obligó a Lomelí a admitir la venta de precursores químicos al Cártel de Sinaloa y a entregar millones de dólares al Gobierno de Estados Unidos para eliminar su nombre de la lista.
Este escándalo no solo pone en entredicho la transparencia en la administración de recursos públicos por parte del Gobierno de la Ciudad de México, sino que arroja luz sobre las intricadas redes de relaciones políticas y empresariales que con frecuencia se ocultan detrás de las decisiones gubernamentales. Las acusaciones de corrupción y la presunta participación de figuras de Morena en estas actividades cuestionan los valores fundamentales del partido y generan dudas sobre su compromiso real con la lucha contra la corrupción, un principio central en su plataforma política. El impacto de esta revelación podría resonar en el panorama político y afectar la percepción pública del partido en un momento clave.
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