En el marco del Proceso Electoral Federal del 2024 y las elecciones concurrentes en las 32 entidades federativas, uno de los desafíos más apremiantes para partidos políticos y autoridades electorales en México es asegurar que al menos la mitad de los más de 20,745 cargos en juego sean ocupados por mujeres. Este imperativo busca garantizar la participación libre de violencia y el ejercicio de cargos sin presiones, especialmente en el ámbito municipal, donde el 70% de los casos de violencia política ocurren.
Consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE), incluyendo a Rita Bell López Vences, Carla Humphrey Jordan, Dania Ravel Cuevas y Claudia Zavala Pérez, destacaron estos desafíos en el foro “Los derechos de las mujeres: Más allá del sufragio en su septuagésimo aniversario”, organizado por la Comisión Interna de Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La Consejera Rita Bell López Vences enfatizó la necesidad de romper con las prácticas políticas tradicionales para asegurar una mayor representación de mujeres en la esfera pública. Hizo hincapié en que los partidos políticos deben replantear sus estrategias y liderazgos para permitir que más mujeres asuman roles en la política municipal. En su discurso, enfatizó la importancia de empoderar a las mujeres indígenas y afromexicanas y garantizar su derecho a participar en campañas políticas de manera digna y respetuosa.
Sin embargo, reconoció que a pesar de los avances en la participación de las mujeres en la política, todavía hay obstáculos por superar, especialmente en términos de cambio sociocultural para eliminar una cultura patriarcal y discriminatoria arraigada en la sociedad.
La Consejera Carla Humphrey Jordan señaló que, en las elecciones de 2024, más de 20,000 cargos de elección popular estarán en juego, y por mandato constitucional, al menos la mitad de estos deben ser ocupados por mujeres. Además de aumentar la participación política de las mujeres, el desafío radica en garantizar que no sean víctimas de violencia en su búsqueda de cargos públicos.
Humphrey Jordan subrayó que más del 70% de los casos de violencia política ocurren a nivel municipal, lo que indica que es crucial abordar este problema de cerca en colaboración con las autoridades locales.
En vista de estas preocupaciones, destacó la importancia de proporcionar herramientas para que las mujeres puedan defender sus derechos político-electorales y anunció que se está trabajando en la creación de una defensoría de mujeres víctimas de violencia política.
La Consejera Dania Ravel Cuevas destacó la necesidad de tomar medidas en el ámbito municipal, donde se concentra una gran parte de los casos de violencia política. Ravel Cuevas mencionó la importancia de hacer efectiva la Ley 3 de 3 contra la violencia y prevenir que personas con antecedentes de violencia contra las mujeres accedan a cargos públicos.
Hizo hincapié en la importancia de garantizar que las mujeres puedan participar en condiciones de igualdad y sin discriminación, subrayando que su participación es fundamental para la democracia, dado que representan más de la mitad de la población.
La Consejera Claudia Zavala Pérez destacó la necesidad de evitar que el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y la Ley 3 de 3 sean meramente decorativos. Subrayó la urgencia de construir una ética pública basada en el respeto y el reconocimiento de las mujeres en la esfera pública y privada.
En última instancia, Zavala Pérez hizo un llamado a construir una pedagogía de género y a adoptar la perspectiva de género como un elemento esencial en la ética pública, lo que ha permitido que temas anteriormente excluidos de la agenda pública cobren relevancia en la construcción de una nueva sociedad.
El Proceso Electoral Federal 2023-2024 se perfila como un momento crítico en la lucha por la igualdad de género en la política mexicana, y las autoridades electorales y los partidos políticos enfrentan el desafío de garantizar la participación de las mujeres y protegerlas de la violencia política en todos los niveles, especialmente en el ámbito municipal.
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