En las últimas semanas, Altamirano, Chiapas, ha sido testigo de una creciente violencia y agitación política que culminó con el incendio de más de 30 viviendas a finales de septiembre y la retención de 18 pobladores en la cabecera municipal. Esta serie de incidentes, que involucra a disputas políticas, podría tener vínculos con el crimen organizado.
Uno de los aspectos más notables de esta situación es la respuesta del presidente de México, quien minimizó los acontecimientos y se opuso a la intervención de la Guardia Nacional, a pesar del riesgo que representa para la población civil.
“Lo que se sabe es que el grupo encabezado por Hernández Gómez acordó realizar esos actos para presionar al gobierno con el fin de que sea destituido el concejo municipal”, indicaron habitantes locales.
Las tensiones se han acumulado durante meses, con un bloqueo carretero liderado por un grupo encabezado por Rogelio Hernández Gómez, quien no tiene nombramiento oficial, y otros seguidores del concejo municipal encabezado por María García. Este grupo busca la destitución del concejo municipal, que gobierna Altamirano desde hace casi dos años, luego de que impidieran que la alcaldesa electa, Gabriela Roque Tipacamú, tomara posesión. La familia Pinto Kánter, que había gobernado durante 20 años, está involucrada en esta lucha por el control político en la región.
Además de los incendios de viviendas, se reporta la destrucción y daño de una veintena de vehículos, incluyendo los de la presidenta y el síndico del concejo municipal, María García y Gabriel Montoya Osegura, respectivamente, así como de sus familiares y seguidores.
Según informes, las acciones de violencia fueron acordadas tras la presunta liberación de Pinto Kánter, quien había sido detenido y trasladado al penal de El Amate.
La situación en Altamirano sigue siendo tensa y desafiante. La población civil se mantiene en riesgo, y el desenlace de esta disputa política y de poder en el municipio sigue siendo incierto, a pesar de la necesidad de una intervención efectiva para restablecer la paz y la seguridad en la región.
El “ostracismo” presidencial
La situación en la cabecera municipal de Altamirano, en el estado de Chiapas, ha sido objeto de controversia y preocupación debido a un conflicto que resultó en el incendio de más de 30 viviendas. A pesar de que las autoridades locales buscaron inicialmente la intervención de la Guardia Nacional y el Ejército, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó esta posibilidad, citando la intención de no caer en provocaciones y evitar el uso de la fuerza.
El incidente, que involucra la quema de viviendas, ha suscitado un debate en todo el país. Algunos críticos argumentan que la respuesta del presidente refleja una negativa a enfrentar el problema con fuerza, particularmente en un contexto donde se sospecha la posible participación del crimen organizado.
Esta controversia ha llevado a críticos a cuestionar la priorización de la paz y la seguridad de los delincuentes sobre la protección de los afectados por los actos violentos. Algunos han señalado que la situación plantea preguntas sobre la efectividad de la estrategia gubernamental para abordar la creciente violencia y el crimen en ciertas áreas del país.
El conflicto en Altamirano es un ejemplo destacado de las tensiones políticas y sociales en México, donde se deben encontrar soluciones efectivas para garantizar la paz y la seguridad de la población. La negativa presidencial de permitir la intervención de las fuerzas armadas en esta situación continúa siendo objeto de debate y controversia en todo el país.
Vicente Fox crítica a AMLO en medio de la crisis de Chiapas
La situación en Altamirano, Chiapas, ha sido motivo de preocupación y debate en México, particularmente en lo que respecta a la respuesta del gobierno federal. La crisis desató llamados de auxilio de las autoridades locales, solicitando la intervención de la Guardia Nacional para restablecer el orden y la seguridad.
Sin embargo, en una conferencia de prensa del 9 de octubre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó su negativa a usar a la Guardia Nacional para intervenir en la crisis de Altamirano.
Estas declaraciones del presidente generaron una intensa controversia y críticas de diversos sectores de la sociedad mexicana. Uno de los críticos más prominentes fue el expresidente Vicente Fox Quesada, quien no escatimó palabras para expresar su desacuerdo con López Obrador. Fox calificó al presidente actual de “pobre imbécil” en un mensaje publicado en sus redes sociales. El expresidente juzgó que la decisión de no utilizar a la Guardia Nacional favoreció a los criminales y perjudicó a los ciudadanos, cuyas propiedades fueron quemadas y destruidas.
Además de usar un lenguaje fuerte para expresar su descontento, Vicente Fox también cuestionó la habilidad de López Obrador para ejercer la presidencia. En su mensaje, Fox escribió: “Ni idea de lo que es ser presidente”, insinuando que el actual presidente carece de la experiencia y el juicio necesario para tomar decisiones efectivas en momentos de crisis.
La situación en Altamirano ha dejado al descubierto las divisiones y desacuerdos dentro de la política mexicana y ha planteado preguntas importantes sobre cómo se deben abordar las situaciones de conflicto y violencia en el país. Mientras la crisis de Chiapas continúa sin resolverse por completo, la controversia en torno a la respuesta del gobierno federal sigue siendo un tema central en la agenda política y social de México.
