Parece ser que el presidente López Obrador jamás admitirá la corrupción que existe en su administración. Cuando habla sobre ella, siempre apunta al pasado, sin reconocer que la Cuarta Transformación también está impregnada de este mal que corroe al país.
Sin autocrítica
Para López Obrador, México va muy bien en todo, el pueblo está “feliz, feliz, feliz” con su gobierno y cualquier mal que aqueje al país es atribuido a los políticos neoliberales que lo antecedieron. Sobre todo la corrupción. Cada mañana, el mandatario mexicano señala como corruptos a todos sus adversarios, y aplica aquel dicho que dicta “vemos la paja en el ojo ajeno, y no vemos la viga en el nuestro”.
Así, durante su conferencia matutina de este jueves, volvió a criticar los “mecanismos aspiracionistas” en los que priva el principio “cuánto tienes, cuánto vales”, y juzgó a quienes quieren comprarse un carro último modelo, como un Ferrari, o comprarse una casa en una zona exclusiva o un departamento en Nueva York o Miami llevando a cabo actos corruptos. Al mandatario se le olvidó sumar a esa lista de ciudades a Houston, Texas, donde su hijo y la hija de su secretario particular, Alejandro Esquer, tienen propiedades millonarias, aunque sí hizo un paréntesis para encubrirlos veladamente, pues, según el presidente, “no todo el que tiene es malvado y el que hace dinero con trabajo de conformidad con la ley merece respeto”.
Sin embargo, un trabajo no es honesto cuando es producto del nepotismo que persiste en su gobierno y cuando se ejerce desde la ilegalidad, pues, en el caso de José Ramón, jamás se ha explicado cómo ha podido ejercer como abogado y comprarse una casa en Estados Unidos sin haber acreditado una prueba ante la Barra de Abogados de Texas para obtener su licencia y poder desempeñarse en su profesión.
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Nueve de cada 10 mexicanos perciben corrupción
“El pueblo se cansa de tanta pinche transa”, dijo una vez más el presidente en su mañanera. Efectivamente, según los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2021, en México, nueve de cada 10 personas perciben que existe corrupción al realizar algún trámite en una oficina del gobierno local o federal. Estos actos ilícitos le cuestan al país poco más de 9.5 mil millones de pesos, es decir, poco más de 3 mil pesos por persona afectada. Con 65%, el contacto con autoridades de seguridad pública es en el que se percibe mayor corrupción; el segundo lugar lo ocupan los trámites ante el Ministerio Público, con 24%; y el tercero, los permisos relacionados con la propiedad, con un 22%.
Después de tres años en el gobierno, el mandatario no debería seguir asegurando que ya no existe corrupción en su gobierno ni tampoco continuar culpando al pasado por la falta de medidas efectivas para combatirla. Al ser cuestionado sobre la violencia en el país, no solo defendió su estrategia, sino que aseguró que los puntos fuertes de su administración para garantizar la seguridad de la población es que “no permitimos la corrupción ni hay asociación delictuosa”.
Mientras el combate a la violencia fracasa de una manera evidente y el combate a la corrupción es inexistente, el mandatario cree ciegamente en sus propias palabras, ignora los altos niveles de percepción de actos corruptos que viven los mexicanos, encubre actos corruptos a sus aliados, y mantiene como base de su discurso esa idealización que pretende seguir vendiendo al pueblo, donde él es honesto e íntegro y, por ende, todo su gobierno y todos los mexicanos también lo son.
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