El presupuesto se destinará al programa La Escuela Nuestra, señalado por no comprobar uno de cada dos pesos de su presupuesto.
Opacidad en manejo de recursos
El presupuesto del hoy extinto programa de Escuelas de Tiempo Completo, que daba alimentos y clases extraescolares en horario ampliado a 3.6 millones de alumnos, será invertido en el programa de infraestructura La Escuela es Nuestra, política pública con varias irregularidades detectadas en su segundo año de operación.
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF), no encontró pruebas de que el presupuesto de 573 millones de pesos destinado a La Escuela es Nuestra se ejerciera en su totalidad para mejorar la infraestructura de los planteles, que es el objetivo del programa. Es decir, no se sabe en qué se gastaron mil 187 millones de pesos, la mitad de los recursos auditados en 2020.
Escuelas de Tiempo Completo, por su parte, inició en 2006 y creció de manera paulatina durante los siguientes 12 años con énfasis en las zonas más marginadas del país.
De acuerdo a la última revisión del Consejo Nacional de Evaluación de la Política en Desarrollo Social (Coneval) llevada a cabo en 2018, el programa consiguió mejorar el rendimiento escolar de las y los estudiantes beneficiados.
ETC con recortes desde 2018
Desde el inicio de la administración de la 4T, las Escuelas de Tiempo Completo (ETC) sufrieron un primer recorte del 50% y para 2021 ya no se le asignaron recursos. No obstante que la SEP aseguró que no desaparecería, a partir de 2022 las reglas de operación establecieron que el único objetivo del programa sería la mejora de infraestructura, por lo que ya no habría posibilidad de contar con los servicios de alimentos y horario extendido.
La Escuela es Nuestra, fue creada en el presente sexenio y la SEP se encarga de entregar el dinero directamente a los comités escolares integrados por padres de familia y maestros. Ellos, por su cuenta, deben contratar a quienes hagan las obras con el propósito de evitar “intermediarios”, acción que ha defendido López Obrador no solo en este sino en otros programas.
Delfina Gómez, secretaría de Educación Pública, informó que el presupuesto sería reorientado a la infraestructura escolar a través de dicho proyecto. Sin embargo, existen más perjuicios que beneficios.
La revisión de la Cuenta Pública a los expedientes de mil 686 planteles beneficiarios en 2020 revela que:
“No se cuenta con evidencia que demuestre que con los recursos otorgados se llevaron a cabo acciones para mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles de acuerdo con sus necesidades, por lo que no se pudo comprobar que estos se hubiesen destinado para cumplir con los objetivos del programa”.
El análisis de la auditoría arroja que la raíz de la irregularidad es la “falta de mecanismos de control, supervisión y seguimiento de los apoyos otorgados”.
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No hay comprobantes
Por ejemplo, en una escuela de Puebla, la presidenta del Comité Escolar reportó que la tesorera le dijo que “tomó 82 mil pesos para atender necesidades personales sin que a la fecha de la visita de verificación los hubiese devuelto”. En Tlaxcala, la tesorera informó que en noviembre de 2020 sufrió el robo de 64 mil pesos y denunció los hechos ante la Procuraduría General del Estado, por lo que proporcionó copia de la carpeta de investigación.
Así mismo, la auditoría reporta que 23 millones 643 mil pesos solo existen en:
“Comprobantes simplificados, notas simples de venta o de remisión, y listas de raya, sin que, en la mayoría de los casos, se tratara de planteles en los que, por su ubicación geográfica, se tuviera la necesidad de realizar adquisiciones de bienes y contratación de servicios en comercios, negocios o con personas que no cumplan con los elementos de comprobación fiscal, tal como lo establecen los lineamientos de operación del programa vigentes en 2020”.
Otros 9 millones 450 mil pesos se entregaron a 40 beneficiarios del programa, aunque las tarjetas nunca fueron activadas. El dinero no regresó a las arcas públicas ni se destinó a la mejora de infraestructura.
Los consejos escolares de 49 escuelas decidieron hacer obras mayores en los planteles, por lo que contrataron a “profesionales” para que se hicieran cargo de la supervisión de estas a través de una “carta responsiva”. Sin embargo, en realidad no contaban con los conocimientos y la experiencia requeridos.
Un caso de este tipo surgió en un plantel de Tlaxcala, donde la directora y padres de familia de una escuela solicitaron al Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa un dictamen técnico de una obra mayor que se llevó a cabo con los recursos del programa, pero este indicó que “la obra se realizó sin su autorización y sin contar con un estudio de mecánica de suelo, ni con constancias de factibilidad de protección civil, y determinó que la obra era inestable y existía riesgo de caída, por lo que sugería su reestructuración”.
Escuelas de Tiempo Completo: un golpe a madres de familia
Legisladoras y feministas advirtieron que la cancelación de ETC afectará a las niñas que deberán permanecer fuera de la escuela en horarios sin la protección de sus padres; en tanto, para las madres supondrá un gasto extra que destinarán al cuidado de sus hijos o bien, deberán buscar trabajos con horarios reducidos, lo que ampliará la brecha de desigualdad de género en rubros educativos y nutricionales.
Martha Tagle, política feminista reprochó la decisión al denunciar que vulnera la situación de madres de familia.
Con información de Animal Político.
