Secretaría de Educación Pública (SEP) deberá garantizar que los libros de texto que serán utilizados en el ciclo escolar 2023-2024 hayan pasado por todos los procesos establecidos en la Ley General de Educación (LGE), impulsada por el presidente Andrés Manuél López Obrador, según la orden emitida por Yadira Medina Alcántara, titular del tercer juzgado de distrito en materia administrativa.
Esta medida surge como respuesta a una demanda de amparo presentada por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) en contra del uso de nuevos libros de texto para los grados de primero a cuarto de primaria. La jueza concedió una suspensión definitiva que establece la obligación de utilizar únicamente materiales revisados de acuerdo con los procedimientos legales establecidos.
La resolución dicta que, antes de continuar con la edición, impresión y entrega de los libros de texto para el próximo ciclo escolar, la SEP debe verificar que se hayan seguido los procedimientos legales para la elaboración de los programas y planes de estudio, así como su difusión a la sociedad y la comunidad educativa.
La jueza destacó que el artículo 71 de la LGE obliga a la SEP a “elaborar, editar, mantener actualizados y enviar” los libros de texto gratuitos y otros materiales educativos a los estados antes de que inicie el ciclo escolar. Asimismo, advirtió que si no se siguen las reglas de aprobación, se deberá suspender la impresión y entrega de los libros de texto, y se deberá continuar utilizando los materiales empleados en el ciclo escolar 2022-2023 hasta que se cumpla con los procedimientos establecidos en la ley.
Es importante resaltar que la resolución de la jueza exige que las autoridades educativas se apeguen primero a las disposiciones de la ley antes de imprimir los nuevos libros de texto. Sin embargo, se hace hincapié en la importancia de considerar el tiempo disponible, ya que si no se lleva a cabo la actualización de los materiales, su envío a los estados y su difusión, será necesario utilizar los empleados en el ciclo escolar actual.
La jueza también estableció que antes de implementar los nuevos libros, se debe capacitar a los maestros y tener en cuenta la opinión del Poder Ejecutivo y las entidades federativas en la elaboración y actualización de los materiales.
Cabe mencionar que el pasado 21 de mayo, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México concedió una suspensión provisional contra la impresión de los libros de texto gratuito que no contaran con el respaldo de los planes y programas autorizados para el ciclo escolar 2023-2024. La demanda fue presentada por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) en contra de la SEP.
En conclusión, la orden judicial emitida exige que la SEP cumpla con los procedimientos legales establecidos en la distribución de los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024. La medida cautelar busca garantizar la consulta a maestros y padres de familia, así como la aprobación de los planes y programas de estudio de acuerdo con la Ley General de Educación.
“No fuimos consultados”: padres de familia
La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) fue quien presentó la demanda de amparo contra la impresión de los libros de texto gratuitos destinados al ciclo escolar 2023-2024, argumentando que fueron diseñados sin consultar a la comunidad educativa y sin fundamentos pedagógicos.
Además de esta acción legal, la UNPF tiene planeado interponer demandas similares en cada estado del país donde tiene presencia, con el objetivo de detener lo que consideran una acción perjudicial para sus hijos.
Israel Sánchez, miembro de la UNPF, expresó: “Estamos recurriendo a los tribunales para detener estas acciones. Responsabilizamos al Ejecutivo del daño que se pretende causar a nuestros hijos con los libros de texto que no han sido aprobados por nosotros“.
La impugnación se dirige a cinco libros de primer grado de primaria, cinco libros de segundo grado, dos libros de tercer grado y otros dos libros de cuarto grado. Según la UNPF, estos materiales no se ajustan a los planes y programas de estudio vigentes y se elaboraron sin seguir el procedimiento correcto para su emisión.
Mendoza, otra integrante de la Unión Nacional de Padres de Familia, señaló que las autoridades educativas no han mostrado apertura para revisar el contenido de los libros de texto, lo que “viola sus derechos” como padres y madres de familia. “Los libros se diseñaron a medida, sin contar con bases científicas, técnicas, pedagógicas y sin el profesionalismo académico que se requiere”, afirmó.
La UNPF alega que esta situación viola siete artículos de la Constitución. Además, denuncia que la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha solicitado a los diseñadores de los nuevos libros firmar cartas de confidencialidad y no ha permitido la participación de ninguna asociación de padres, maestros o especialistas en pedagogía, tal como lo establece la Ley General de Educación.
El pasado 15 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se estaban elaborando 115 millones de libros de texto gratuitos para preescolar, primaria, secundaria, así como libros para maestras, maestros y títulos especiales y complementarios.
