Si bien el gobierno de la 4T ha decidido prolongar la Fase 1 de la contingencia sanitaria, los acercamientos con los operadores de hospitales privados se empiezan a estrechar.
Hasta ahora la Secretaría de Salud se ha reunido en tres ocasiones con ellos. Ayer por la tarde fue la última y todas tienen que ver con la acreditación para hacer pruebas del Covid-19.
El primer encuentro, que incluyó también a ejecutivos de laboratorios farmacéuticos, fue para capacitar a los privados en la aplicación de las pruebas para detectar el coronavirus.
El segundo fue para liberar trámites para que sean certificados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), que dirige Irma López, para realizar precisamente dichas pruebas.
Los certificados para aplicarlas ya son los hospitales Ángeles de Olegario Vázquez Aldir, ABC que encabeza Alejandro Alfonso, Médica Sur de Misael Uribe y StarMédica que dirige Pedro Medina.
La interlocución más estrecha de la dependencia al mando de Jorge Alcocer con los grupos de hospitales privados, está generando dudas sobre la real capacidad de la 4T para enfrentar la emergencia.
Fuentes de Palacio Nacional afirman que el subsecretario Hugo López-Gatell, vocero de la crisis y líder de la estrategia para enfrentar la pandemia, quiere replicar el esquema de España.
Allá el gobierno de Pedro Sánchez acaba de poner los hospitales privados a las órdenes de las comunidades autónomas como medida para afrontar la falta de infraestructura.
Aquí hasta ahora no ha habido ninguna señal ni petición en ese sentido, pero no se descarta la intervención de la sanidad privada en apoyo al sistema de salud público, si la cosa se sale de control.
Hasta el año pasado había en el país poco más de 4 mil 355 hospitales, de los cuales mil 182 son públicos y casi 3 mil 200 privados. Los primeros son insuficientes en estado de crisis.
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