Autor: Arturo Sánchez Gutiérrez
Muy pronto la Cámara de Diputados aprobará la convocatoria para elegir a los consejeros electorales del INE que sustituirán a Enrique Andrade, Marco Baños, Benito Nacif y Pamela San Martín, quienes terminan su encargo el 3 de abril.
El proceso suscita opiniones contrarias. Por un lado, se aspira a que sean ciudadanos conocedores, imparciales en su desempeño, alejados de la vida partidista, objetivos en sus juicios y apegados a la legalidad. Se buscan ciudadanos ejemplares, capaces de honrar los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
Por otro lado, subsiste la percepción de que, a final de cuentas, los partidos suelen repartirse los puestos, nombran a personalidades cercanas y establecen cuotas para construir un Consejo General que defienda sus intereses.
La decisión no es menor. El INE vive una situación compleja por la cercanía del proceso electoral de 2021, por el recorte presupuestal aplicado y por la sombra de una posible reforma que destituiría a su presidente y modificaría el funcionamiento de la institución.
Anécdotas como el fallido intento de la Secretaría de Gobernación por hacerse de los datos biométricos que los ciudadanos hemos confiado al INE, es una muestra del posible riesgo en que se encuentran su independencia y autonomía.
Por ello, el eventual nombramiento de cuatro consejeros por una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, con posibles sesgos partidistas, sin incluir diversos puntos de vista y sin consenso, ha generado una legítima preocupación.
A diferencia de otros organismos autónomos, el INE, con todo y sus defectos, es la joya de la corona, construida después de más de 30 años de lucha, y ha sido garante de la transición pacífica de poderes entre diferentes fuerzas políticas y vigilante de los datos ciudadanos con los que se emite nuestra credencial para votar con fotografía.
Tras múltiples consultas, un amplio grupo de especialistas hemos coincidido en que la mejor forma de realizar el nombramiento de los consejeros es aplicando 10 buenas prácticas que hicimos públicas en un decálogo, se puede consultar:
El énfasis está en garantizar que todo el proceso sea transparente y equitativo, desde la designación del Comité Técnico de Evaluación que integrará las cuatro quintetas de donde los diputados elegirán a los cuatro consejeros, hasta las entrevistas que se realizará a cada aspirante y su información curricular.
Se trata de que cada procedimiento aporte credibilidad a la designación y que los ciudadanos conozcamos las razones que justifican su nombramiento. Pronto conoceremos los detalles de la convocatoria. Los diputados podrán o no incluir nuestros puntos de vista, pero en todo caso será necesario seguir detenidamente el proceso para cuidar la entereza de nuestro querido INE.
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