La administración y operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) estará a cargo de mandos militares medio siglo.
Por concesión
La administración y operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) estará a cargo de mandos militares durante 50 años, así se establece en una concesión que no contiene información fundamental como vigencia, términos, monto, alcance o condiciones de operación, tal como lo dicta la norma vigente.
“Para que dieran la concesión, se tuvo que justificar las capacidades económicas, jurídicas, operativas, pero también exhibir planes maestros, programas de inversión, que son importantes porque se trata de una empresa del Estado, que va a usar fondos públicos. Pero no conocemos ni el Plan Maestro completo.”
Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas.
De acuerdo al experto, el procedimiento de solicitud de concesión tuvo que realizarse antes de la construcción para revisar su factibilidad, es decir, justificar las capacidades económicas, jurídicas, operativas, así como mostrar planes maestros y de inversión, sobre todo tratándose del uso de fondos públicos.
Avance del 67%
El pasado 18 de agosto, se entregó a la Secretaría de la Defensa Nacional la concesión de la obra sin haber hecho una entrega de estudios que fueran analizados y aprobados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De confirmarse que no fueron presentados ni evaluados positivamente, el título de concesión puede ser impugnable.
“Todo lo que es el aeropuerto de Santa Lucía es literalmente una obra opaca, no hay información de nada, no tienen los planes maestros, no tienen nada de lo que implica la Ley de Aviación Civil y sus reglamentos, ni la Ley de Aeropuertos para poderlos construir.”
Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas.
Ahora bien, los expertos coinciden en que una vez entregado el título de concesión aeroportuaria, las autoridades castrenses no podrán objetar “seguridad nacional” para no revelar información ya que dejará de ser base militar para convertirse en un aeropuerto civil, aunque las operaciones sean militares.
Uno de los puntos controversiales, tiene que ver con los recursos generados. Será el Consejo de Administración del nuevo aeropuerto quien estipule en sus estatutos que los ingresos por tarifas portuarias, entre otros, no irán a Hacienda sino a las arcas del Ejército.
“Esta empresa va a quedarse con los recursos bajo el acuerdo de su Consejo de Administración, dirigido por militares o dependiente de la Sedena: si ellos dicen que los recursos se queden en el ejército para proyectos o pensiones, así lo harán.”
Rogelio Rodríguez, doctor en Derecho Aéreo y Espacial.
Con información de El Financiero.
