La promesa de pacificación hecha por la actual administración federal ha quedado lejos de cumplirse, según un informe reciente del Observatorio Nacional Ciudadano. Aunque los homicidios dolosos y los robos han disminuido, otros delitos graves han alcanzado niveles nunca antes vistos, manteniendo a los mexicanos en medio de una violencia latente.
El análisis realizado revela que, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, la estrategia de seguridad actual resulta ineficaz para contener la violencia. Si bien se han registrado reducciones en los homicidios dolosos y los robos, estas medidas son insuficientes para afirmar que la situación está bajo control.
Por el contrario, delitos como la extorsión, el narcomenudeo, la trata de personas y la violación han alcanzado niveles históricos durante este sexenio. Aunque podría argumentarse que estos datos son producto de una mayor denuncia, la realidad es que la cifra negra en el país apenas ha variado, lo que indica que las condiciones para incentivar a las víctimas a denunciar delitos siguen siendo precarias.
La narrativa oficial de un país en paz también se ve socavada por las expresiones extremas de violencia que persisten. Desde el control territorial de grupos criminales hasta secuestros, desapariciones masivas, masacres y asesinatos de líderes sociales y políticos, la violencia sigue siendo una realidad palpable en gran parte del territorio nacional.
El panorama futuro no es alentador, ya que muchas de las propuestas para abordar este problema parecen carecer de un enfoque innovador. Las promesas de los candidatos a la presidencia y gubernaturas sugieren estrategias que ya han sido probadas, sin ofrecer soluciones verdaderamente nuevas.
Por ejemplo, algunos proponen mantener la Guardia Nacional militarizada y la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en tareas de seguridad pública, a pesar de los efectos nocivos que esto puede tener para la vida democrática del país. Otros simplemente proponen reforzar la capacidad punitiva del Estado sin abordar las causas profundas de la violencia.
Sin embargo, el informe destaca la importancia de mejorar el sistema de justicia del país como un paso fundamental para abordar la violencia y la criminalidad. Esto implica no solo aumentar la capacidad reactiva del Estado, sino también identificar y fortalecer los factores protectores contra el delito y la violencia.
En cuanto a la prevención, el informe señala la falta de propuestas novedosas. Aunque las transferencias económicas pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las familias más desfavorecidas, no existe evidencia sólida de su efecto sobre la violencia. Además, es necesario reconocer que la reducción de la pobreza no garantiza automáticamente una disminución de la violencia.
El Observatorio Nacional Ciudadano hace un llamado a abandonar las medidas de seguridad que han demostrado ser ineficaces y buscar soluciones basadas en la experiencia y evidencia proporcionadas por académicos, organizaciones civiles y gobiernos locales. Solo así se podrá avanzar hacia una verdadera pacificación del país.
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