La exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, avanzó un paso para salir de la cárcel. Una jueza federal le concedió una suspensión provisional y aceptó tramite el juicio de amparo que Robles inició el 10 de agosto.
El pasado 30 de abril, una resolución declaró infundada la solicitud de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le impuso.
Con esta solicitud, Robles pedía pudiera enfrentar su juicio en libertad, dado que el delito del que se le acusa no es considerado grave. La exsecretaria promovió un amparo ante esta decisión y será revisado el próximo 24 de agosto.
La semana pasada, Rosario Robles tuiteó una carta en la que decía ser víctima de una venganza.
“Se me acusa de una omisión (que no de corrupción) que no merece prisión, se han violado mis derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Se ha puesto en marcha toda una maquinaria para denostarme, difamarme, hacer escarnio de mi persona, con una saña que es proporcional al miedo y al odio que me tienen.
Llama la atención que soy la única en esta condición.
A quienes se les ha acusado de delitos más graves se les respetan sus derechos, y a los delincuentes del crimen organizado se les ha dejado flagrantemente en libertad.
La conclusión es clara: no se trata de un ánimo de justicia”.
Estoy aquí porque me llamo Rosario Robles.
Rosario Robles está acusada del delito de omisión de resultado formal, mismo que según la ley, puede enfrentar en libertad. Desde el inicio del proceso en su contra, ha cooperado con las autoridades, a diferencia de Emilio Lozoya quien estuvo prófugo durante varios meses.
La semana pasada, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que la diferencia entre uno y otro caso radica en que: “Este individuo (Lozoya) está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos.
“Él lo está presentando, él está pidiendo eso. En el otro caso no se está pidiendo eso y es un daño por 15 mil millones de pesos donde están involucradas la mayor parte o una parte de las instituciones públicas de educación superior del país”.
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