Arturo Herrera, secretario de Hacienda, utiliza prácticas de terrorismo fiscal para aumentar la recaudación en el país.
Las autoridades fiscales, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Procuraduría Fiscal, arrinconan a los deudores advirtiéndoles que si contratan abogados o contadores se les imputarán cargos de fraude criminal.
Y no solo es contra el contribuyente, sino también contra los abogados y contadores, a quienes se les han enviado mensajes de enjuiciarlos penalmente si asesoran a sus clientes.
Todo esto, es parte de una campaña para amedrentar a los pequeños y grandes contribuyentes, expusieron un grupo de abogados internacionales, quienes han dicho que México está violando el derecho internacional con amenazas de enjuiciar penalmente a juristas como parte de una campaña para hacer que las empresas resuelvan disputas fiscales.
La Asociación Internacional de Abogados (IBA, por sus siglas en inglés), con sede en Londres, dijo en una carta enviada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que las duras tácticas del país para combatir la evasión fiscal son una amenaza para el Estado de Derecho, en un capítulo más de la relación cada vez más fría entre el Gobierno federal y las empresas.
Peter Bartlett, vicepresidente de la división de práctica legal de IBA, señaló en el escrito dirigido al secretario Arturo Herrera que la organización había recibido informes “muy perturbadores” de que se estaba advirtiendo a los contribuyentes que no consultaran a litigantes en sus disputas fiscales.
La carta añadió que ambos órganos gubernamentales tenían como objetivo a los bufetes de abogados y contadores que asisten a contribuyentes y expresó su preocupación de que autoridades hayan advertido a los ciudadanos que no recurran a sus abogados en procedimientos de conciliación, pero no dio detalles.
La jefa del SAT y el procurador fiscal han enviado mensajes claros de que los evasores de impuestos, incluidas las principales empresas y sus asesores fiscales, podrían enfrentar la cárcel si se sospecha de fraude y han negado que este enfoque pueda ser negativo para atraer inversión.
La unidad mexicana de Wal-Mart Inc, y la embotelladora de Coca-Cola, Femsa, han pagado recientemente cientos de millones de dólares luego de resolver disputas tributarias. (Con información de Reuters)
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