En el Congreso de la Ciudad de México ya hicieron sonar las alarmas anticorrupción, después de que diputados locales tocaran la puerta de la Secretaría de la Función Pública para acusar que algo puede andar mal en las finanzas públicas de Tláhuac, donde, presumen, el alcalde Raymundo Martínez Vite pudo haber beneficiado a sus amigos con contratos millonarios para compras durante la pandemia del Covid-19.
Según argumentan, de 129 convenios, 102 fueron por adjudicación directa a personas físicas y no a empresas.
“El profesor”, como se le conoce a Martínez Vite, otorgó los convenios por adjudicación directa favoreciendo a un proveedor identificado como “Hugo Gerardo Calzada Velázquez”, con montos por encima de los 14 millones de pesos.
Entre los contratos destaca el número DGODU/AD/OB-006-2020 con un monto de 16 millones 180 mil pesos, destinado para la rehabilitación y conservación del Centro Deportivo San José, señalaron diputados de diferentes extracciones partidistas del Congreso de la Ciudad de México.
Por eso, algunos legisladores, nos comentan, andan detrás del funcionario morenista porque dicen que llevó agua a su molino para promover su imagen, en vísperas de un proceso electoral en el que los alcaldes podrán reelegirse por primera vez.
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