Desde la Cancha
Por Demetrio Sodi
Todos estaríamos dispuestos a unirnos para defender nuestra soberanía si esta estuviera en riesgo. Sin embargo, la forma en que lo está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum, en lugar de fortalecerla, la está poniendo en riesgo con su negativa a extraditar al gobernador Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza y a los otros siete funcionarios del gobierno de Sinaloa que reclama la justicia de Estados Unidos.
El único país que, si así lo decidiera, podría violar nuestra soberanía es Estados Unidos. Por ello, resulta difícil de entender el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum en contra del exembajador Ken Salazar, del FBI y del gobierno de ese país.
No creo que la negativa del gobierno de México a extraditar a los funcionarios de Sinaloa haya influido en la decisión de Donald Trump de no ampliar por 16 años más la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La principal preocupación comercial de Trump es el creciente déficit comercial que Estados Unidos mantiene con nuestro país, por lo que la decisión de no ampliar la vigencia del tratado obedece a razones económicas y no políticas. Habría sido deseable que el acuerdo se extendiera desde ahora, pero aún contamos con diez años para lograrlo. La negociación no puede calificarse como un triunfo, pero tampoco como un fracaso; lo habría sido si Trump hubiera decidido abandonar el tratado.
Hasta el día de hoy, parece que la presidenta se está saliendo con la suya en su negativa a la extradición. Sin embargo, no creo que el gobierno de Estados Unidos vaya a quedarse con los brazos cruzados frente al discurso de confrontación de la presidenta. Tarde o temprano veremos una reacción tanto de Trump como del aparato de justicia de ese país.
La presidenta exige pruebas, y tiene razón al hacerlo. No obstante, su negativa parece responder más a una estrategia para proteger al gobernador Rocha Moya y al senador Inzunza que a una auténtica defensa de nuestra soberanía. Esa negativa genera una enorme suspicacia y da la impresión de que existe el temor de que, si se concede la extradición, aparezcan en cascada los nombres de otros gobernadores y políticos de Morena.
Lo cierto es que ya han pasado más de dos meses y el gobierno de Estados Unidos no ha presionado formalmente a México para exigir esas extradiciones. Ante esa aparente inacción, muchos analistas han construido versiones sobre supuestas listas de políticos mexicanos en poder del gobierno estadounidense. La realidad es que nadie sabe con certeza qué información existe y, hasta ahora, todo son especulaciones.
Mientras el gobierno de Estados Unidos no dé el siguiente paso, nos guste o no, la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum puede considerarse, hasta ahora, un éxito político. Sin embargo, ese escenario podría cambiar por completo si Washington decide exigir formalmente las extradiciones. Mientras tanto, conviene dejar de especular y esperar a que el gobierno de Estados Unidos defina si solicitará a México la entrega de los funcionarios señalados o si todo quedará en una fanfarronada más de la administración estadounidense.
