Expertos advierten sobre los delitos ambientales en megaobras de AMLO

Durante la sexta sesión del Consejo de Crisis Climática de la Organización Editorial Mexicana, especialistas expusieron los delitos ambientales en que ha incurrido el gobierno para construir los proyectos emblemáticos del presidente López Obrador.

Dos Bocas inició sin autorizaciones

Especialistas en materia ambiental que participaron en la sexta sesión del Consejo de Crisis Climática de la Organización Editorial Mexicana (OEM) detallaron cuáles han sido los delitos ambientales en que ha incurrido el gobierno federal al iniciar las construcciones de las obras emblemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tenemos proyectos como la refinería (Dos Bocas), como el Tren Maya, que son proyectos que, si los vemos desde el punto de vista de la definición de delitos ambientales, son delitos ambientales, y sin embargo no los estamos tratando como tal”, señaló al respecto Sandra Guzmán, especialista en financiamiento climático y consejera permanente de la OEM.

El presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el abogado Gustavo Alanís, expuso que con la refinería Olmeca, que se construye en Dos Bocas y se inaugurará el 2 de julio, se incurrió en dos delitos tipificados en el Código Penal Federal:

Violación al artículo 418: con penas de seis meses a nueve años de prisión, o de 100 a 3 mil días de multa, por desmontar, destruir la vegetación natural o cambiar el uso de suelo forestal. De acuerdo con el experto, esta violación “aplica para Dos Bocas y aplica para el tramo 5 del Tren Maya”, señaló Alanís.

Violación al artículo 420 Bis: por daños, desecación o relleno de humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos. Sobre esta falta, el experto apuntó que “en Dos Bocas, bajita la mano, tiraron 80 hectáreas de manglar sin autorización alguna. Fueron más, fueron como 250 al final, pero inicialmente fueron 80, reconocido por la propia Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)”.

“La autoridad ambiental se está volviendo cómplice de las irregularidades que son evidentes a todas luces en estos proyectos y además es una práctica común: es el aeropuerto Felipe Ángeles, es la refinería, es el Tren Maya, es el Corredor Transístmico”, lamentó Alanís.

Vulnerables ante organizaciones criminales

Marco del Toral, programme manager en México del programa Global sobre Delitos que afectan el Ambiente y el Clima, de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) advirtió que los delitos ambientales aumentan la vulnerabilidad de la biodiversidad y la población frente a organizaciones criminales nacionales y extranjeras que se dedican a actividades ilícitas como el tráfico de especies y delitos forestales, de los cuales México es un país de origen, tránsito y destino.

Además, los expertos señalaron que, según cifras del informe más reciente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), que se publicó en marzo de este año, 25 ambientalistas fueron asesinados el año pasado y en 2020 hubo 18 homicidios de defensores del medio ambiente: en lo que va del sexenio de López Obrador han fallecido 58 ambientalistas, principalmente de Oaxaca, Guerrero, Sonora y Morelos. La mitad eran integrantes de pueblos indígenas y una quinta parte eran defensores independientes.

“La justicia no está del lado de los defensores, está del lado de quienes contaminan, de los delincuentes ambientales”, recriminó Sandra Guzmán al respecto.

Con información de La Prensa