El magistrado Adrián Fernando Novelo declinó el recurso interpuesto por el Fonatur, debido a que sigue sin cumplir los requisitos ambientales.
El magistrado Adrián Fernando Novelo decidió que mantendrá la suspensión de las obras del Tramo 5 del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, por lo que el gobierno está obligado nuevamente a detener las actividades en la zona.
El juez consideró que los permisos ambientales presentados por Fonatur no son suficientes para probar que no se dañará “de manera irreversible la biodiversidad de la zona”. Puntualizó que el documento de impacto ambiental debió haberse entregado antes de iniciar la intervención del terreno y la construcción, además que la autorización de la propia Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) establece 26 condicionantes de prevención y mitigación que no se han cumplido.
El gobierno, al decretar que el proyecto del Tren Maya es de “seguridad nacional” pretendió justificar que esos procedimientos no se llevaran a cabo; sin embargo, la determinación del juez frenó los intentos de las autoridades por retomar los trabajos.
Por su parte, el presidente ha manifestado su resentimiento en cada conferencia matutina llamando conservadores y “pseudoambientalistas” a los activistas ambientalistas que han promovido amparos contra uno de los proyectos insignia, así como acusarlos de recibir financiamiento privado extranjero.
Tan solo este fin de semana firmó un nuevo decreto para expropiar de manera inmediata 165 mil metros cuadrados ubicados en los municipios de Solidaridad y Tulum. Dichos terrenos, declarados de “utilidad pública” son para dar el mensaje de continuidad en los planes de la obra.
Al mismo tiempo ha declarado el trayecto del Tren como como “corredor humanitario” en el que se entregan “apoyos alimentarios, médicos, etc. para las comunidades indígenas y pueblos marginados del sureste mexicano”, con el objetivo de reforzar la idea de beneficio social que tiene su proyecto.
Sin embargo, las suspensiones han generado graves pérdidas. Una de ellas es la indemnización que su gobierno tendrá que pagar a Grupo México y Acciona al rescindirles el contrato por 17 mil 800 millones de dólares que habían ganado para construir el Tramo en disputa.
La indemnización tiene su origen en la obsesión del presidente por otorgarles todos los contratos de obra pública a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que también se hará cargo de los tramos 5 norte, 6 y 7. Con esta decisión el mandatario mantiene la esperanza en que la construcción continúe, haya o no suspensiones judiciales de por medio.
Con información de El País.
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