Como señala Luis Miguel Rodríguez Alemán, la independencia judicial respecto de otros poderes públicos contribuye a garantizar que las decisiones de jueces, magistrados o ministros no estén supeditadas a la voluntad del poder político o económico.
En su columna titulada “Independencia judicial: garantía en favor de los ciudadanos”, Luis Miguel Rodríguez Alemán acota que el concepto de independencia judicial se refiere a la autonomía del Poder Judicial, federal o estatal, respecto de los otros poderes del Estado, es decir, el Ejecutivo y el Legislativo. El experto enfatiza que los jueces deben mantener su independencia, ya que así podrán mantenerse imparciales “en el ejercicio de sus poderes, y su independencia es una condición necesaria para que pueda ser imparcial”.
“En cualquier sistema democrático, los operadores judiciales fungen como garantes de la constitucionalidad y vigilantes de la legalidad que despliegan los diversos entes del Estado. Precisamente por ese motivo, su función se encuentra protegida por diseño constitucional, a efecto de evitar cualquier injerencia externa o ataque que pueda comprometer su libertad de criterio”.
Como apunta en su análisis Rodríguez Alemán, para garantizar la independencia de la Constitución mexicana, existen prerrogativas a favor de los miembros del Poder Judicial, tales como:
1) Procedimientos de designación que garanticen la idoneidad de las personas que se nombren.
2) Consagración de la carrera judicial.
3) Seguridad económica, mediante una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá ser disminuida durante su encargo.
4) Estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo, misma que tiene tres aspectos clave: a) la determinación objetiva y general del tiempo de duración de sus nombramientos, b) la posibilidad de ratificación y c) la inamovilidad en el cargo.
“Es importante resaltar este último punto en el contexto actual que enfrentan los operadores de justicia en el país. Cada vez es más común leer o escuchar consignas o acusaciones que se originan desde el poder político, dirigidas a jueces, magistrados e incluso a los propios ministros del máximo tribunal (…)
La función judicial sólo puede ejercerse libremente cuando las personas que la realizan no son objeto de amenazas, agresiones físicas, morales o cualquier otro acto de hostigamiento“.
El analista destaca que los mexicanos “debemos tener muy claro que si no defendemos la independencia judicial, los principales perjudicados seremos nosotros”. En este sentido, apunta que el papel de los jueces resulta fundamental para garantizar el acceso a la justicia a los ciudadanos, pues se trata de “los principales actores para lograr la protección de los derechos humanos en un Estado democrático, así como para garantizar el debido proceso cuando el Estado pretende imponer sanciones”, según señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Ya sea el juez encargado de evaluar una detención, el magistrado electoral responsable de validar una elección o el ministro que tenga que pronunciarse sobre la constitucionalidad de un acto de autoridad, sin las garantías que aseguren la independencia judicial sus decisiones estarán supeditadas a la voluntad del poder político o económico, en lugar de estar basadas en el mandato constitucional y las leyes“.
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Con información de La Lista
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