Josefina Salazar Báez, diputada de Acción Nacional y miembro de la Comisión Permanente del Legislativo mexicano, aseguró que existe un uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia en el marco de las campañas electorales.
En tribuna, mientras la Comisión tocaba el rubro de Agenda Política, la legisladora hizo “un urgente llamado de atención sobre lo que quizá sea el mayor riesgo que enfrenta nuestra frágil democracia, misma que hoy se encuentra en vilo en el país: el uso faccioso y la negligencia dolosa de las instituciones de procuración de justicia penal en contra de actores políticos con la anuencia y conveniencia de la Presidencia de la República”.
Sostuvo además que autoridades, como la Unidad de Inteligencia Financiera, “actúan con una celeridad que raya en la burda manipulación” en los casos de candidatos de oposición como Samuel García (MC) o Adrián de la Garza (PRI), mientras que “cuando se trata de su socio, cómplice y aliado, como Ricardo Gallardo Cardona, guardan un espantoso silencio y dejan que los expedientes se pudran en la procuraduría”.
Asimismo, la legisladora aseguró que Ricardo Gallardo estuvo recluido en penales de seguridad y que su familia ha creado una red de influencias políticas para amasar fortunas en San Luis Potosí, donde busca ser gobernador.
Por su parte, la diputada Mariana Rodríguez Mier Y Terán, del Partido Revolucionario Institucional, consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha intervenido de manera directa en el proceso electoral a favor de su partido, aún sabiendo que esto viola la Constitución. “No se debe permitir el camino al autoritarismo y la centralización a un solo hombre, ni la destrucción de las instituciones”.
Dijo que se ha aprovechado de la necesidad económica del pueblo y sostuvo que “es momento que el Ejecutivo y los funcionarios del Gobierno acaten la ley y respeten a la autoridad electoral que fue la mismo que les permitió acceder al poder”.
Asimismo, la diputada por Movimiento Ciudadano, Adriana Gabriela Medina Ortíz, expresó que para quien ostenta hoy la titularidad del Poder Ejecutivo, pese a que existe el mandato expreso de no intervenir en los procesos electorales, “ha hecho todo lo posible para meterse en las elecciones de este año, cuando las reglas y las instituciones electorales se crearon con la imperiosa necesidad de darle certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad a los comicios”.
La legisladora consideró urgente que el INE analice y determine si los actos del Ejecutivo Federal son constitutivos de un delito; es reprobable, pero sobre todo ilegal, que ante la desesperación en la caída de las preferencias electorales se pretenda que las instituciones actúen en contra de candidatos de oposición. Denunció la crisis de violencia que vive el país, la cual ha cobrado la vida del candidato de MC, Abel Murrieta.
