Política

Malabares políticos con la justicia.

Una representación visual del choque entre justicia, seguridad y poder político en México, en medio de acusaciones de impunidad y tensión institucional.

Recientemente, ante las solicitudes del gobierno estadounidense para la detención, con fines de extradición de figuras relevantes relacionadas con el oficialismo, la Fiscalía General de la República se ha visto forzada a citarles en calidad testimonial para aparentar que se está procediendo con las investigaciones, tras las graves acusaciones de contubernio con el crimen organizado procedentes de un gran jurado en el Estado de Nueva York.

Preocupa que, para no agraviar a los verdaderos liderazgos del grupo en el poder, se proceda, en paralelo, a citar a la gobernadora del Estado de Chihuahua, María Eugenia Campos, por una causa completamente distinta y que nada tiene que ver con lo que solicitan los Estados Unidos. En trámite de ridícula compensación, el grupo en el poder desliza acusaciones de traición a la Patria contra Campos, sin que ni por asomo puedan configurarse los elementos de semejante tipo penal.

Más aún, la diligencia mostrada (y presumida) en el caso de la gobernadora Campos no resiste la comparación con la desidia que se aprecia en los casos del ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del senador por el mismo Estado, Enrique Inzunza Cázarez y de los otros implicados en la solicitud estadounidense, dos de los cuales ya se han entregado a la justicia del país vecino y se han declarado culpables.

Exigimos al Ministerio público de la Federación que actúe conforme a su mandato, con total imparcialidad, sin vergonzosos y obscuros pactos con quienes, en realidad, toman las decisiones políticas en el gobierno. Le recordamos a la Fiscalía Federal que se trata de una institución de buena fe, obligada sin contemplaciones a la diligencia y urgida por entregar buenos resultados al pueblo de México.

Ernestina Godoy debe dejar de jugar a la política, y en sentido diferente, dedicar sus esfuerzos a procurar Justicia, como lo indica su alta responsabilidad. La Fiscalía General de la República no debe tener más compromiso que aquel que la vincula, bajo juramento, con el orden constitucional de la República.