Los abogados de los militares implicados en el caso Ayotzinapa advirtieron que podrían denunciar a Alejandro Encinas si se comprueba la filtración de datos del informe de la Comisión para la Verdad por parte de la Subsecretaría a su cargo y acusaron al funcionario de politizar y manipular el documento.
Aseguran que el informe está “plagado de falsedades”
Se llevó a cabo una conferencia de prensa en las inmediaciones del Campo Militar Número 1, con la presencia de César González y Alejandro Robledo, abogados defensores de los cuatro militares detenidos por su presunta participación en el secuestro y asesinato de seis de los 43 normalistas de Ayotzinapa: el general José Rodríguez, el capitán José Martínez, el subteniente Fabián Alejandro Pirita y el sargento Eduardo Mota.
González y Robledo señalaron que el informe presentado por la Comisión para la Verdad “está plagado de falsedades” y advirtieron que están considerando actual penalmente en contra del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, a quien acusan de inventar evidencias (como capturas de pantalla con conversaciones falsas) para fabricar culpables.
“Evidentemente si hubiera habido alguna filtración por parte de la Subsecretaría, de la Fiscalía Especial, presentaremos las acciones correspondientes y legales correspondientes, porque evidentemente se está violentando el debido proceso y la presunción de inocencia de nuestros representados”, advirtió César González.
Además, los abogados declararon que el subsecretario Encinas ha manipulado y politizado el informe, el cual aseguran “está plagado de falsedades, conjeturas y especulaciones”, y aseguran que las detenciones no están relacionadas con las imputaciones sobre su participación en el caso, como han hecho creer las autoridades de forma “maliciosa”.
Revelan inconsistencias
Los abogados defensores de los militares aseguran también que en el informe se acusa de forma injustificada al teniente Francisco Macías de ser el superior inmediato del soldado del 27 Batallón de Infantería infiltrado entre los 43 normalistas, Julio César López Patolzin, y no haber adoptado medidas para buscarlo y protegerlo, ya que Macías pertenecía al 50 Batallón de Infantería y se encontraba en un centro de adiestramiento en Petatlán, Guerrero. Además, apuntan que no se corroboró que los números telefónicos que aparecen en el informe fueran del coronel Rodríguez, al capitán Martínez y al soldado Mota.
González y Robledo señalaron que el informe no fue escrito por la Comisión, sino por el subsecretario Encinas, y aseguran que las acusaciones contra los militares se basan en únicamente en las declaraciones de Gildardo López Astudillo, alias el Gil, presunto jefe de sicarios de Guerreros Unidos.
“Ayotzinapa nos duele a todos, pero suturar esa herida no implica fabricar culpables en el Ejército”, dijeron.
La renuncia del fiscal del caso Ayotzinapa
Esta semana renunció el fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez, quien fue designado titular de la Unidad Especializada de Investigación y Litigación por la desaparición de los 43 normalistas desde el año 2019, debido a diferencias con el fiscal Alejandro Gertz Manero sobre la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam, acusado de tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia. Mientras que Gertz insistió en agilizar el proceso, la unidad a cargo de Gómez había solicitado al menos un plazo de un mes para proceder.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) se pronunció al respecto, y señaló que “la renuncia del titular de la UEILCA evidencia la injerencia indebida de los superiores jerárquicos de la FGR en la labor independiente que esta unidad venía realizando, incluyendo la precipitación de acusaciones y la cancelación de órdenes de aprehensión”.
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— Centro Prodh (@CentroProdh) September 27, 2022
