En respuesta a una auditoría interna, la DEA se lava las manos de cualquier responsabilidad en casos como la masacre de Allende.
‘No hay evidencia’
En declaraciones recientes, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) negó cualquier tipo de responsabilidad en casos como la masacre de Allende. La agencia estadounidense sostiene que “no hay evidencia” que pruebe que desde la Unidad de Investigaciones Sensibles se filtró información que desembocara en la muerte de decenas de personas en dicho poblado del estado de Coahuila entre el 18 y 20 de marzo del 2011.
Datos oficiales comprobaron que sus Unidades de Investigaciones Sensibles (SIU) estuvieron penetradas por el crimen organizado al más alto nivel e Iván Reyes Arzate, su líder entre 2008 y 2016, trabajaba como informante de los cárteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva.
Igualmente, niegan cualquier tipo de involucramiento en el secuestro de varios civiles ocurrido en un Holiday Inn en Monterrey, Nuevo León, el 21 de abril de 2010. De acuerdo a familiares de las víctimas, el rapto fue llevado a cabo luego de un fallido operativo de vigilancia de la SIU de la Policía Federal descubierto por Los Zetas, quienes decidieron secuestrar y presumiblemente ejecutar a las cinco personas que tuvieron la mala fortuna de estar en el mismo hotel que los policías mexicanos.
Esta información forma parte de una serie de respuestas inéditas entregadas al Departamento de Justicia en atención a la auditoría 21-109, lanzada por el Órgano Interno de Control del Departamento de Justicia. En la investigación, las conclusiones de la DEA apuntan a que “no hubo ninguna evidencia que conecte a la unidad SIU de México y a la oficina de la DEA en el país con los hechos”.
Auditoría señala varios errores
Aunque es la versión de la DEA, los auditores del Departamento de Justicia determinaron que la agencia antinarcóticos cometió numerosos errores que ponen en duda los resultados de su investigación.
El Órgano Interno de Control no se centró en los incidentes de Allende y Monterrey, sino en la cultura corporativa y administrativa de la DEA a escala mundial, así como las respuestas de los agentes entrevistados. Las observaciones arrojan datos sobre cómo respondió la agencia en 2010 y 2011 y dan cuenta de errores en el manejo de ambas crisis.
Se determinó que “no tenía procesos establecidos para ver si hubo conexión entre los incidentes de 2010 y el 2011 con la SIU” y que “no hay indicación de que la DEA haya intentado considerar la potencial conexión (entre la SIU y la masacre)”. Incluso, la agencia estadunidense admitió que no investigó a fondo.
La DEA reconoció, aun cuando les creó, entrenó y fondeó, no revisó a profundidad si en Monterrey o Allende fue instrumental la actuación de las Unidades de Investigaciones Sensibles, integradas por alrededor de 250 policías federales en aquel momento. Tampoco consideró ni la masacre de Coahuila ni el secuestro de civiles en Monterrey como hechos meritorios de atención de sus superiores jerárquicos en Washington.
En el primer caso, “no existe evidencia de que la oficina de la DEA haya notificado a (Washington) del incidente de Allende” y en el segundo, solo se limitó a informar a la sede en DC “mediante un correo electrónico”. Peor aún, en lo que toca al levantón del Holiday Inn, la agencia antinarcóticos prefirió dejarle la investigación de lo ocurrido a la Policía Federal, que jamás dio respuesta a las solicitudes de las familias de las cinco víctimas, quienes nunca fueron encontradas.
Masacre de Allende, delito de lesa humanidad
En marzo de 2011, Allende, un tranquilo pueblo ganadero de unos 23 000 habitantes ubicado a solo 40 minutos de la frontera con Texas, fue atacado. Sicarios del cartel de los Zetas arrasaron la comunidad y pueblos aledaños: demolieron casas y comercios, secuestraron y mataron a docenas, posiblemente a cientos, de hombres, mujeres y niños.
Esta tragedia, no tuvo su origen en México, sino en Estados Unidos, cuando la Administración para el Control de Drogas (DEA) logró que un importante miembro de los Zetas le entregara los números de identificación rastreables de los teléfonos celulares que pertenecían a dos de los capos más buscados del cartel, Miguel Ángel Treviño y su hermano Omar.
La agencia compartió la información con una unidad de la policía mexicana que, por mucho tiempo, ha tenido problemas con filtraciones de información, aunque sus miembros habían sido entrenados y aprobados por la misma DEA.
Casi de inmediato, los Treviño se enteraron de que habían sido traicionados. Los hermanos planearon vengarse de los presuntos delatores, de sus familias y de cualquiera que tuviera un vínculo remoto con ellos.
“Entre aquellos de quienes los Zetas sospechaban que eran soplones (de manera equivocada, se supo más tarde) estaba José Luis Garza Jr., un miembro del cartel de rango relativamente bajo. Cuando las camionetas llenas de sicarios invadieron Allende, uno de sus primeros destinos fue un rancho que pertenecía al padre de Garza, Luis, a pocos kilómetros del pueblo, junto a una carretera de dos carriles mal iluminada. Era el día de pago y varios trabajadores habían ido al rancho por su dinero. Cuando aparecieron los sicarios, tomaron como rehén a todo aquel que encontraron. Al anochecer, las llamas empezaron a alzarse desde uno de los grandes almacenes de bloques de cemento del rancho, donde el cartel quemó los cuerpos de los muertos.”
Con información de Milenio, National Geographic.
