En 2006, habitantes de San Salvador Atenco vivieron una de las represiones más cruentas y violentas en la historia de la entidad.
CIDH declara responsable al Estado mexicano
El 3 y 4 de mayo de 2006 habitantes y activistas llevaron a cabo protestas en el municipio de San Salvador Atenco, Estado de México, contra el proyecto de construcción del aeropuerto internacional de Texcoco. El gobierno de la entidad, encabezado por Enrique Peña Nieto, ordenó un operativo represivo que tuvo como saldo 200 personas detenidas. Decenas fueron golpeados brutalmente y otras tantas fueron agredidas y torturadas sexualmente durante el recorrido hacia los distintos penales a los que fueron llevados como prisioneros. Dos menores de edad murieron.
En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia contra el Estado mexicano por las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en esas fechas. Esta resolución es resultado a una petición que más de 20 mujeres víctimas de agresión sexual hicieron para obtener una investigación internacional. En ella, los jueces emitieron medidas de reparación, entre las cuales se solicita una investigación más seria y completa.
“La culpa no solo debe recaer en los policías locales, estatales y federales que intervinieron, sino que solicita al Gobierno mexicano que ponga la lupa sobre toda la cadena de mando del operativo. Y establece un plazo de dos años para acatar la sentencia.”
Pero la justicia no llega
A 15 años de los hechos y a tres de la sentencia, no parece que haber cambiado el estado de las cosas pues todos los implicados siguen en libertad. Para Italia Méndez, el fallo no fue lo que esperaba: “Creo que fui ingenua. Pensé que algo tan relevante como un fallo interamericano iba a ser suficiente”.
Alejandra Elguero, abogada de las supervivientes, ha acusado de desacato a la Fiscalía del Estado de México por negarse a entregar el expediente de la investigación a la Fiscalía General de la República, pese a tener la obligación de hacerlo. Cansadas de justificaciones absurdas y trabas burocráticas, interpusieron un amparo y un tribunal con sede en Toluca falló a su favor: ahora, la Fiscalía de Edomex tiene hasta el 27 de septiembre para explicar por qué no ha permitido que la FGR absorba la carpeta.
Después de los años y la impunidad, cada una de las sobrevivientes no se rinde y seguirán su lucha por obtener justicia.
“Tardé 10 años en retomar mi vida”
Claudia Hernández estudiaba Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y fue a Atenco para documentar los abusos de la policía. Nunca creyó que iba a ser detenida, mucho menos que los agentes la fueran a agredir sexualmente. Salió de prisión en enero de 2007, pero estuvo sujeta a un proceso penal durante cinco años. La acusaron de delitos como ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, secuestro equiparado y delincuencia organizada. Su vida estuvo en pausa durante una década. “Me costó muchísimo trabajo todo porque estaba aferrada a querer ser lo que fui, y eso era imposible”
Edith Rosales nunca dice “Atenco” o “el caso Atenco”, sino “la mayor injusticia del mundo”. Es más largo, pero para ella es la frase más exacta para definirlo. Rosales fue detenida después de que llegara al municipio como parte de una brigada médica de auxilio. Era trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Hoy está jubilada. Tuvo la fortuna de recuperar su empleo tras salir de la cárcel, dos años después. “Para mí, en lo personal, el proceso ha sido difícil porque ya tenía una vida hecha. Tenía una familia… pero el tiempo lo cura todo”.
Bárbara Italia Méndez era alumna de Estudios Latinoamericanos en la UNAM y en ese momento trabajaba con una ONG que atiende a niños en estado de vulnerabilidad. Había ido precisamente para documentar la muerte de Javier Cortés Santiago, de 14 años, que falleció cuando recibió un disparo, presuntamente de la policía. Los últimos 15 años la han fortalecido hasta llegar a niveles que la han sorprendido: “Para bien y para mal, [Atenco] ha sido la experiencia de mi vida. Me demostró mi verdadera fuerza interna”.
“Sentí mi identidad arrebatada”, dice Norma Jiménez. Tenía solo 23 años cuando fue detenida. Estudiaba Artes Plásticas en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Fue acusada, como casi todas, de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, secuestro equiparado y delincuencia organizada. Pasó un año entre rejas. “Ser víctima no es una identidad sino un momento específico que pasé. A partir de ahí, yo decido todo lo demás”.
Con información de El País.
