El gobierno federal tiene el propósito de tener la identificación biométrica de huellas, rostro e iris de todos los mexicanos y busca retomar un programa que se buscaba iniciar en 2019 pero de detuvo por falta de recursos.
De acuerdo con el diario El Universal, en un oficio de la Secretaría de Gobernación enviado a la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con fecha del 12 de mayo de 2021, la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad solicitó recalendarizar el proyecto con un costo de 494.3 millones de pesos, previsto para arrancar en diciembre de 2020.
Por la pandemia de COVID-19 el proyecto no pudo llevarse a cabo en 2020, pero la nueva fecha de conclusión de la base de datos biométricos de los mexicanos se difirió para diciembre de este año o, si fuera necesario, para 2022.
La SEGOB señaló que “la identidad biométrica es clave para la estrategia del gobierno que servirá para identificar duplicidad en padrones de beneficiarios en instituciones de salud para evitar dobles beneficios y en nuevos servicios públicos”.
Al mismo tiempo se exploraron alternativas para contar con recursos provenientes de la propia Secretaría de Gobernación, pero los recursos asignados “no eran suficientes”, señala el oficio No. CI/941/013/2021.
La exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó en enero de 2020, al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, el proyecto de la dependencia para avanzar en la creación de la cédula de identidad, que incluye que la petición de los datos biométricos de los ciudadanos que se encuentran en el padrón electoral.
Ante esto, Córdova se negó entregar dicha información pues –indicó– existe una imposibilidad legal para el Instituto, no obstante, dijo que el INE se encuentra en la mejor disposición para explorar las alternativas legales que ayuden a garantizar a todo mexicano el derecho a la identidad, sin vulnerar la protección a los datos personales de la ciudadanía.
