El analista Jorge Zepeda desdobla en tres partes la polémica que se ha generado sobre la Guardia Nacional como parte de la Sedena.
Judicializar la política
El analista Jorge Zepeda Patterson propone en su columna “Militarización: razones y sinrazones de López Obrador” desdoblar en tres partes la polémica que se ha generado tras la decisión del presidente de que la Guardia Nacional (GN) forme parte de la Sedena: el recurso jurídico que decidió usar, las implicaciones de la militarización y el cambio de postura de AMLO al respecto.
Sobre el acuerdo que emitirá para integrar a la GN a las Fuerzas Armadas, Zepeda señala que, en sentido estricto, el presidente hace uso de sus atribuciones y “está utilizando vías jurídicas alternas para ganar tiempo o imponer en los hechos sus posiciones”, bajo el argumento de que acatará la ley en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las defina como inconstitucionales.
“En su lógica, López Obrador entiende que sus adversarios han utilizado los resquicios de la ley para detener sus obras, recurriendo a amparos disfrazados de argumentaciones ambientales o derechos de terceros. El presidente asume que si ellos hacen un uso faccioso de leyes y tribunales para detener los cambios, él está moralmente habilitado para recurrir a vías legales paralelas con tal de hacerlos posible”, apunta el experto.
Militarizar la Seguridad Pública
De acuerdo con Zepeda, los gobernantes llevan al menos 20 años proponiendo el saneamiento de las policías como la como la manera más efectiva de combatir a la delincuencia, lo cual ha fracasado, por lo que la población que vive en las zonas de mayor riesgo del país continúan pidiendo al Estado que intervenga. Apunta que la salida del Ejército a las calles es una realidad desde hace tres sexenios, lo que también abre espacio a cuestionamientos sobre si la decisión de López Obrador es la mejor.
“Enviar una patrulla o tres, así sean elementos honestos y bien capacitados, a enfrentar un convoy de 50 sicarios es suicida. La capacidad de fuego de los ejércitos paralelos supera desde hace rato al de las policías, sean federales o locales, salvo en la Ciudad de México”.
No obstante, los riesgos de la medida son muchos, sobre todo cuando hasta el momento no hay claridad sobre, por ejemplo, cómo se juzgará a un militar que comete torturas: ¿como soldado o como policía?, advierte Zepeda. El experto alerta sobre el peligro de romper “ese pretendido equilibrio entre disciplina militar y responsabilidad civil, al intentar colocar a la Guardia Nacional bajo control de la Sedena”.
“Recurrir a las fuerzas armadas para atender el problema de la inseguridad, y hacerlo de manera legal y con una normatividad clara, puede ser entendido de dos maneras: una, revestir de ‘civilidad’ a los militares; la otra sería en sentido inverso, militarizar a las fuerzas civiles. Esta última es la que ha escogido el presidente, y los riesgos están a la vista”.
El cambio de opinión
Finalmente, Jorge Zepeda analiza la actitud que ha mostrado el mandatario ante su evidente cambio de opinión. “Dar poder a los militares tiene consecuencias e implica riesgos; pero también los tiene no utilizarlos, o subutilizarlos”, sobre todo si estos “podrían ser el único recurso con que cuenta la sociedad frente a un problema que la rebasa”. Zepeda sostien que son insuficientes los argumentos del presidente sobre el origen humilde de los soldados, así como el nivel de aprobación entre los ciudadanos que tiene el Ejército, pues las razones para tomar la decisión y “recurrir a una vía legal por la puerta trasera” son mucho más complejas.
“López Obrador actúa como si nunca hubiera sostenido todo lo contrario a la militarización que hoy propone. En las redes circulan categóricos videos que no pueden ignorarse. El típico caso de un candidato que como funcionario hace lo opuesto a lo prometido. Me parece que sería más honesto abordarlo abiertamente. No es absurdo cambiar de opinión cuando existen razones legítimas”.
Con información de El País
