Es de tal magnitud la crisis sanitaria que enfrentamos y sus efectos posteriores en materia económica, laboral, social y jurídica que el Gobierno Federal, los mandatarios estatales, funcionarios y líderes empresariales serán recordados por la forma en que sortean el vendaval. El temple, responsabilidad, credibilidad y rigor técnico con el que establezcan estrategias para salir adelante serán elementos de juicio para calificar su desempeño en positivo o negativo.
Cada intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador o del principal vocero para el tema del coronavirus, Hugo López Gatell está siendo registrada no sólo en el ámbito nacional, sino internacional. Lo delicado del momento impone condiciones inéditas para las autoridades, muchas vidas están en juego no sólo por el COVID-19 sino por los daños colaterales en la economía y la seguridad de nuestro país. La parálisis y sus repercusiones también costarán vidas, porque es previsible que la ola delictiva se agudice aún más por el incremento del desempleo, producto de los recortes que el sector productivo realizará para adaptarse al colapso generalizado y la incertidumbre que invade al mundo.
Con esta lectura basada en hechos reales, me resulta inconcebible lo ocurrido en Baja California para darle efectos vinculatorios a una consulta irregular, sin fundamento jurídico, con participación microscópica y un claro sesgo político a través de la cual se destruye un proyecto de inversión crucial para nuestro país en un momento tan difícil. Un verdadero tiro en el pie para desalentar el interés de inversión, esencial para salir a flote en las actuales condiciones de adversidad.
La opinión dirigida en un ejercicio a modo en la fronteriza Mexicali entre el 21 y 22 de marzo, lo que no representa ni el 5% del padrón que tuvo posibilidad de participar en un ejercicio que además violenta la suspensión resuelta por un juez de distrito, impactará con fuerza a México y nuestro rango de confianza para invertir justo cuando es lo que más se necesita para generar empleos y desarrollo.
El mensaje que mandamos al mundo es que sin fundamento jurídico, se frena la construcción de una planta cervecera de Constellation Brands con un grado de avance del 70% y una inversión cercana a los 1,400 millones de dólares, en virtud de la infausta consulta que ha sido motivo de indignación en el sector empresarial.
EDICTOS: Este caso tendrá como consecuencia una serie de litigios internacionales en los que el Estado mexicano será demandado por razones contundentes que prácticamente serán indefendibles para evitar el pago de indemnizaciones, daños y perjuicios que nos costarán a todos los mexicanos. El efecto más grave será la vulneración en la confianza para atraer capitales de inversión en medio de una tormenta económica perfecta.
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