Autor: Gabriela Rivera
El gobierno de México permitirá la importación de medicamentos de otros países, aunque no cuenten con el registro de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
La medida fue adoptada para hacer frente al desabasto de algunos medicamentos que no han podido ser surtidos por parte de laboratorios instalados en México y que cuentan con el registro.
Entre los medicamentos en escasez está el metotrexato y la vincristina —tratamientos oncológicos—, algunos tipos de insulina para tratar la diabetes, antirretrovirales para el tratamiento del VIH y otros tantos.
En algunos casos, la falta de estas medicinas provocó protestas, como las de los padres de niños con cáncer del hospital infantil Federico Gómez.
A decir de las autoridades federales, también hay un trasfondo económico detrás del déficit de medicinas, pues los laboratorios autorizados por la Cofepris se niegan a surtir el medicamento.
“Ha habido campañas para hablar de desabasto, de falta de medicamentos, han hablado de falta de medicamentos para niños con cáncer, enfermos de SIDA. Hemos padecido boicot por parte de los que manejaban este gran negocio”, explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera el 8 de enero.
Ese día, explicó que con la complicidad de autoridades hospitalarias, los laboratorios inflaban el costo de las medicinas hasta 70%, lo que ya no se ha permitido y derivó en el desabasto.
Una semana después, también durante la conferencia de prensa mañanera, el subsecretario de prevención y promoción de la Salud, Hugo López Gatell, explicó que hubo laboratorios que intentaron chantajear al gobierno.
Aunque no reveló el nombre, el funcionario se refirió a los laboratorios Pisa, que producen la gran mayoría de los medicamentos oncológicos en México, y que se niegan a venderlos —según el gobierno—, para obligar a las autoridades a que les retiren sanciones.
“Nos quiso chantajear y (el laboratorio) nos dijo: ‘No tengo el medicamento porque me cerraste la planta’ y tenía una reserva de 36 mil frascos del medicamento”, explicó López Gatell, sobre la escasez de metotrexato.
Este medicamento —y otros más, principalmente para tratar el cáncer en niños— tuvo que ser comprado por una comisión mexicana y con ayuda de la Secretaría de Marina, en Francia y otros países no revelados.
La trama entre Pisa, el gobierno federal y el desabasto de medicamentos es más profunda: Pisa es dueña de la empresa Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. (Dimesa), una de las tres compañías vetadas —las otras dos son Grufesa y Maypo— para participar en licitaciones de medicamentos.
Esto porque en abril del año pasado, el presidente López Obrador envió un memorándum para vetarlas mientras hay una investigación, ya que las tres empresas vendieron en 2018 al IMSS y al ISSSTE 34 mil 280 millones de pesos en medicamentos y materiales de curación equivalentes a 62.4% de las compras totales de esas instituciones.
A pesar de los problemas de desabasto que han denunciado, el gobierno de AMLO siguió comprando medicamentos a las distintas empresas que conforman el grupo empresarial al que pertenecen Dimesa y Pisa.
En 2019, Pisa ganó una de las licitaciones de la compra consolidada de medicamentos, que incluye 65 claves para entregar más de 75 millones de piezas con un costo de 888.3 millones de pesos. Y este año, la distribuidora Prefarma –que también pertenece al consorcio– logró contratos por 19.4 millones de pesos a través de 21 adjudicaciones directas, dos licitaciones y 2 invitaciones.
