El manifiesto “¡Alto a la infamia!” exige respeto, atención y justicia para las madres y padres buscadores de personas desaparecidas.
Ha comenzado el torneo cumbre del fútbol y el mundo vuelve su mirada hacia México. Nos observan cocelebrando esta fiesta deportiva, pero, al mismo tiempo, confirman una realidad contrastante: aquella en la que cientos de miles de familias mexicanas sufrimos la violencia más injusta, la incertidumbre, el miedo y la conculcación de nuestros derechos humanos y nuestras libertades.
Mostramos, ciertamente, nuestra capacidad de resistir, pero el mundo también debe ver a un país atormentado por la violencia más atroz, esa misma que ha provocado una crisis humanitaria reflejada en cientos de miles de personas asesinadas y más de 130 mil desaparecidas de manera forzada. Evidencia de esta crisis puede observarse también en las decenas de miles de padres y madres que, a lo largo y ancho del país, buscan a sus hijas e hijos, a sus familiares e incluso a menores de edad. Lo hacen ante la simulación del gobierno, que pretende hacer creer que atiende la tragedia de las desapariciones o, peor aún, ante su criminal connivencia con los cárteles del crimen organizado.
Los padres y las madres buscadoras de personas desaparecidas de manera forzada han tenido que asumir una responsabilidad que corresponde al Estado mexicano. Con un dolor que no cesa y una valentía ejemplar, se encuentran ahora mismo realizando búsquedas en sitios donde existen cuerpos enterrados clandestinamente, en fosas comunes e incluso revisando expedientes y actas de defunción. Las vemos abrir, con sus propias manos, zanjas en tierras secas; escudriñar pantanos; encontrar miles de fosas clandestinas y documentar tragedias que ninguna sociedad debería tolerar.
Esta situación ha llevado al Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada a invocar, por primera ocasión en la historia de la ONU, el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, con el propósito de llevar ante la Asamblea General el señalamiento de que en México podría estarse configurando un crimen de lesa humanidad, debido al carácter permanente, continuo y generalizado de las desapariciones forzadas.
Y, sin embargo, la expansión territorial y operativa de las organizaciones criminales continúa. Crecen las extorsiones que afectan a productores, comerciantes, transportistas, empresarios y al conjunto de la población. Se multiplican los desplazamientos forzados de comunidades enteras en diversos estados y regiones del país; las masacres y los asesinatos múltiples; las agresiones contra periodistas y las amenazas dirigidas a los medios de comunicación independientes.
Pero nada de esto conmueve a la presidenta Sheinbaum ni a sus funcionarios. En lugar de recibir, escuchar y atender las exigencias, así como de dar respuesta a las demandas de los padres y madres que buscan a sus familiares desaparecidos de manera forzada, los ignoran y, peor aún, se burlan de ellos. Incluso los amenazan con fincarles delitos, como lo ha hecho recientemente la secretaria de Gobernación, atreviéndose a minimizar su lucha y su esfuerzo.
Ante esta infamia del gobierno, los abajo firmantes exigimos a la presidenta Sheinbaum que cese el escarnio contra los padres y madres buscadoras y proceda, en sentido contrario, a recibirlos, escucharlos y atenderlos conforme a sus legítimas exigencias.
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