La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez-Jaén Zermeño, ha presentado denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), solicitando investigaciones exhaustivas sobre presuntas irregularidades en el gobierno de Quintana Roo. Estas acusaciones apuntan directamente al hijo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
La legisladora del PAN exige una indagación minuciosa de las operaciones vinculadas al gobierno quintanarroense y a una empresa cuyo propietario es Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo cercano de Andrés Manuel López Beltrán. Pérez-Jaén Zermeño destaca la necesidad de una investigación profunda ante la posibilidad de que estas operaciones encubran actividades delictivas.
La denuncia surge como resultado de una investigación detallada publicada por Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la cual alega una conexión entre Andrés López Beltrán y Jorge Amílcar Olán Aparicio. Este último es señalado como empresario beneficiario de recursos otorgados por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) en los estados de Quintana Roo y Tabasco.
Según la investigación, en diciembre de 2022, la empresa Romedic, establecida en enero de 2020 en Villahermosa, Tabasco, y propiedad de Amílcar Olán, obtuvo un contrato por la cantidad significativa de 304 millones de pesos del gobierno de Quintana Roo. Este contrato tenía como objetivo proveer medicamentos y material de curación.
La asignación de este contrato, según la investigación, podría haber sido parte de una negociación entre Amílcar y funcionarios del gobierno quintanarroense, específicamente bajo la administración de la gobernadora Mara Lezama. Se sugiere que esta negociación buscaba asegurar una suma considerable de 500 millones de pesos para el año 2023.
El reportaje añade otro elemento inquietante al señalar que la empresa Romedic figura en la lista de distribuidores de medicamentos que no cumplen con las regulaciones sanitarias establecidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Ante estas revelaciones, la diputada del PAN insiste en la necesidad de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades correspondientes para esclarecer la veracidad de las acusaciones y salvaguardar la integridad de los procesos gubernamentales y la lucha contra la corrupción en México.
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