Juez suspende de forma definitiva la orden de aprehensión contra Rosario Robles

La orden de aprehensión fue girada por la FGR en 2020, sin embargo, nunca emprendió acciones para ejecutarla.

FGR nunca ejecutó orden de aprehensión contra Robles

El juez federal suspendió de forma definitiva la orden de aprehensión girada por la Fiscalía General de la República (FGR) contra Rosario Robles por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

La orden fue obtenida desde 2020; sin embargo, la FGR nunca emprendió acciones para ejecutarla. Derivado de la investigación “La Estafa Maestra” se identificó a Robles como la líder de una supuesta organización delictiva que utilizó a exfuncionarios bajo su mando, así como a universidades públicas y empresas fantasmas para desviar millonarias cantidades de recursos públicos.

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Concedida la orden, la Fiscalía debía cumplimentarla para detonar el proceso contra la exfuncionaria federal, pero nunca lo hizo a pesar de que ella se mantuvo recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde cumple prisión preventiva por la acusación de omisiones relacionada con los mismos hechos.

Defensa ganó amparo

La defensa de Robles tramitó y ganó un amparo contra la legalidad de la orden de aprehensión, por lo que la Fiscalía ya no podrá ejecutarla.

Expertos explican que el hecho de que la orden no fuera notificada oficialmente a Rosario impidió que se programara la audiencia inicial, donde se analizarían las pruebas, y que el proceso penal avanzara. Es decir, que se iniciara un juicio.

“No existe una justificación para no haber ejecutado dicha orden, tuvieron meses para hacerlo. Lo que puede advertirse aquí es que hubo una negligencia o en su caso arreglo irregular (…) Estimamos que el caso debería ser investigado y determinarse si esto forma parte de algún acuerdo que pueda dar lugar a la comisión del delito”.

Estefanía Medina, abogada cofundadora de la organización Tojil.

El equipo de defensa insiste que la FGR inició de manera ilegal el caso violando los derechos humanos de su clienta al promover un proceso separado por delitos graves, mismos hechos por los cuales ya está siendo procesada.

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“Llevaron este proceso para obtener esta orden de aprehensión que desde el principio no tenía razón de ser porque ella nunca estuvo sustraída de la acción de la justicia. Ella ya estaba detenida, era un hecho notorio. Pero querían esa orden para mantenerla como espada de Damocles por si ella obtenía su libertad. Desde nuestro punto de vista, fue una medida de presión que tuvieron por meses, pero que ya ha quedado desvirtuada”.

Defensa de Rosario Robles.

Los abogados piden al juez ir al fondo del tema porque sostienen que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, sino que todo debe formar parte de un solo proceso.

Así mismo aseguran que su defendida no es culpable de los delitos que le imputan, ya que la carpeta de investigación solo es un “compendio de dichos y suposiciones” donde no hay ninguna prueba material de que la exfuncionaria haya cometido un hecho ilegal.

3 años en prisión

Robles cumple tres años en prisión preventiva, medida cautelar que se le impuso tras presentarse voluntariamente a las audiencias iniciales por los cargos de omisiones que originalmente se le imputaron.

Dicho proceso penal se ha alargado más de lo que la ley establece (dos años máximo de prisión preventiva), y ha sido un toma y daca entre los trámites de amparo que ha impulsado su defensa contra la medida cautelar y la insistencia de la fiscalía y los jueces de que siga en prisión. Circunstancia que ha impedido cualquier avance en el juicio.

Rosario Robles aún tiene una esperanza, la medida será analizada por un juzgado especial que, por instrucciones del presidente del Consejo de la Judicatura Federal, el ministro Arturo Zaldívar, revisará los casos en los que se presume que ha existido un abuso de la referida medida cautelar.

“Este caso, y en general todas las investigaciones relacionadas no solo con La Estafa Maestra sino los grandes casos de corrupción, ha resultado ser una completa decepción en el ámbito legal, comprobando una vez más que el combate a la corrupción se ha quedado en palabras y no acciones. Quizás la época más oscura de la procuración de justicia en los últimos 20 años de nuestro país. Un retroceso que será muy difícil remontar hacia el futuro si no hay un cambio de liderazgo y estrategia urgente”.

Estefanía Medina, abogada cofundadora de la organización Tojil.

Con información de Animal Político.

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