La Corte eliminó la facultad que se otorgaba en Ley Federal de Austeridad Republicana al presidente para usar de forma discrecional el presupuesto que no sea ejercido por austeridad.
Adiós al gasto discrecional
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó el debate de la acción de inconstitucionalidad presentada desde 2019 contra la Ley Federal de Austeridad Republicana por parte de senadores de la oposición. Con el voto a favor de nueve ministros, se eliminó el control que, según la Ley Federal de Austeridad Republicana, podía ejercer de manera discrecional el titular del Ejecutivo, en este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre los ahorros que resultaran de la aplicación de medidas de austeridad en la Administración Pública Federal.
La propuesta fue presentada por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, y señala que esta facultad conferida al presidente implica que la Cámara de Diputados no tenga en realidad la facultad exclusiva de determinar el destino del gasto público federal al delegarla al Ejecutivo. En la exposición del caso, la ministra Piña destacó que:
“Si bien debe haber cierta flexibilidad en las normas presupuestarias para hacer frente, eficazmente, a imponderables como la disminución o el aumento en los ingresos previstos para cubrir el presupuesto, ello no puede llegar al extremo de que la Cámara de Diputados renuncie a su facultad exclusiva de determinar el destino y el monto del gasto público federal, delegando esa facultad en el Ejecutivo, pues con ello frustra la función que la Constitución le atribuye en exclusiva en esta fase del ciclo presupuestario: ejercer un control democrático efectivo sobre el gasto público federal, autorizando el destino y monto específicos del mismo”.
Solo dos ministras votaron en contra
Cabe destacar que solamente dos ministras votaron contra la propuesta: Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf. De acuerdo con Esquivel, no existe impedimento para que el presidente pueda utilizar los ahorros: “Nada impide que los ahorros presupuestales derivados de las políticas de austeridad los aplique el Poder Ejecutivo transparentando su ejercicio mediante la emisión de un decreto que dé cuenta del destino específico en el cual se aplicarán”.
No obstante, la postura que prevaleció fue la que elimina esta facultad. El ministro Juan Luis González Alcántara mostró su respaldo a la propuesta al aseverar que la medida podría ocasionar actos irregulares en el ejercicio del gasto, además de que se estarán invadiendo las facultades de la Cámara de Diputados:
“No es posible que el Poder Ejecutivo o cualquier otro órgano o poder reajuste sus partidas de gasto a partir de ahorros generados en el ejercicio sin invadir la competencia de la Cámara de Diputados; lo contrario daría lugar a que la Cámara de Diputados perdiera el control sobre los recursos públicos, pues bastaría con que los ejecutores del gasto, con autonomía presupuestaria, inflaran ciertas partidas para luego declarar ahorros y reorientar su propio gasto o, peor aún, redujeran el capítulo 1000 para reasignar otros recursos a fines diversos”, apuntó.
Con información de El Universal
