Foto: Cuartoscuro / Tomada de El País (https://bit.ly/3OBOCqg)
Más de 12 mil millones de pesos “desaparecieron” en 2019 y 2020 en Segalmex y la dependencia creada por el presidente López Obrador se niega a dar respuestas sobre la corrupción.
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) continúa sin aclarar qué fue de más de 12 mil millones de pesos que fueron desviados mediante actos de corrupción entre 2019 y 2020, y cuyas irregularidades han sido detectadas por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. La dependencia, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha argumentado reserva para no dar información sobre las irregularidades y sobre los procesos internos que se han llevado a cabo para recuperar los recursos.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda reveló en julio de 2020 que Segalmex era investigado por desvío de subsidios, adjudicaciones directas a empresas fantasma, compras simuladas e inventarios incompletos, irregularidades por las que la SFP interpuso una demanda en enero de 2022.
Asimismo, Diconsa y Liconsa no han actualizado el Índice de Expedientes Clasificados como Reservados (IECR) del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), donde se debía informar sobre los asuntos clasificados del organismo durante el segundo semestre de 2021.
Se acerca cada vez más el final del sexenio del presidente López Obrador y una de las mayores estafas cometidas durante su administración sigue en la impunidad. Pese a que los recursos de Segalmex son para ofrecer productos de la canasta básica a mejor precio para la población más vulnerable del país, se ha convertido en uno de los mayores símbolos de corrupción, sin castigo para todos los involucrados, pues únicamente ha sido imputado René Gavira Sagreste, exdirector de Administración y Finanzas (2019-2021).
La gran estafa de Segalmex acumula ya 40 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), así como 661 expedientes de la SFP, en los que se ha detectado a por lo menos 29 funcionarios involucrados y la participación de 30 empresas “fantasma”.
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Con información de Reporte Índigo
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